El proceso de resolución del conflicto armado en Colombia vivió ayer otro momento transcedental con el anuncio en La Habana de un acuerdo integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Este conjunto de medidas, descritas en un amplio y exhaustivo documento de 63 páginas, toma como punto de partida «el reconocimiento de las víctimas como ciudadanos con derechos; el reconocimiento de que debe existir verdad plena sobre lo ocurrido; el reconocimiento de responsabilidad por parte de todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y se vieron involucrados de alguna manera en graves violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario; y la satisfacción de los derechos de las víctimas sobre la premisa de no intercambiar impunidades, teniendo en cuenta los principios básicos de la Jurisdicción Especial para la Paz».

El jefe de la delegación de paz del Gobierno colombiano, Humberto de la Calle, utilizó el calificativo de «memorable» para describir lo acontecido ayer en la capital cubana. «Es un día de júbilo e histórico para Colombia. Con este acto comienza a aparecer el rostro de la paz».

«Por primera vez en el mundo, de común acuerdo en medio de un conflicto vivo y por convenio entre las partes, se crea una jurisdicción que se basa en el reconocimiento de responsabilidad y de verdad, y en el compromiso de reparación. Es un sistema que se aplica a todos», afirmó poniendo especial énfasis en este último término. De la Calle remarcó que «no hay violencia buena. Tras seis millones de víctimas, las discusiones sobre quién inició la guerra no son relevantes para la terminación justa de las hostilidades. Tampoco las violaciones de un bando justifican las violaciones del otro. Repito, no hay espacio para la impunidad».

Entre las «condiciones» estipuladas para recibir «cualquier tratamiento especial en materia de justicia», destacó la dejación de armas –que deberá comenzar 60 días después de la firma del llamado Acuerdo Final– y la aportación de la «verdad plena» sobre lo acontecido en el marco del conflicto armado.

«Soluciones excepcionales»

«Situaciones anormales como la guerra requieren las soluciones excepcionales para superarla», afirmó el representante gubernamental en su alocución.

Aseguró también que las sentencias dictadas por el futuro Tribunal para la Paz «no podrán ser modificadas». Habrá «seguridad jurídica para todos los actores, combatientes y no combatientes. Es la garantía auténtica del fin del conflicto. Aquel que cumpla de buena fe las decisiones de la Jurisdicción no se llevará sorpresas futuras».

Incidió en que esta Jurisdicción Especial para la Paz es «una solución equitativa y razonable, que no da lugar para inequidades», y también en que «no se pondrá en marcha un esquema de persecución y venganza. No habrá cacería de brujas».

Aseguró que este acuerdo «abre la puerta a la terminación de este larguísimo conflicto» y evitará víctimas futuras. «Por eso pido a los colombianos que, al evaluar lo pactado, tengan en cuenta esta circunstancia. Debemos mirar lo convenido como un todo que garantiza en la mayor medida posible los derechos de las víctimas, pero que cierra las puertas a nuevas víctimas. Como ha dicho el presidente, Juan Manuel Santos, el punto de mira debe prestar atención a las víctimas del futuro, las que no vendrán. Hijos y nietos que podrán vivir sin el flagelo de la violencia».

A modo de conclusión, De la Calle consideró que con la firma del acuerdo de ayer –entregado al ministro de Exteriores de Cuba y cuyas copias quedarán a resguardo de los delegados de los países garantes, Cuba y Noruega– «se ha avanzado como nunca antes en la historia de Colombia». «El Acuerdo Final está más cerca que nunca. El cese del fuego que, a nuestro entender debe ser bilateral y definitivo, está siendo discutido en la subcomisión para la terminación del conflicto y esperamos en enero poder impulsar a fondo la discusión sobre este punto para dar paso a la refrendación de los acuerdos. También se han dado pasos sustanciales en el tema de la verificación», adelantó a preguntas de los periodistas en una posterior rueda de prensa.

Por su parte, el jefe de la delegación de las FARC-EP, Iván Márquez, insistió en que «una justicia restaurativa será la mejor fórmula para alcanzar la recuperación de la moral social, de depurar las costumbres políticas y sembrar la posibilidad de un bienestar general. No nos interesa aplaudir la entrada en la cárcel de nuestro adversario en esta prolongada guerra. Preferimos trabajar con ellos a partir de acuerdos de convivencia, reconstruyendo la sociedad y la patria en territorios especiales de paz, en los que el compromiso sea con la Colombia del futuro, sin olvidar el pasado para no regresar a él jamás», destacó.

«Derecho a la rebelión»

En su intervención, Márquez defendió el derecho a la rebelión y remarcó que «el origen del conflicto es anterior a la fecha de creación de las FARC. Nuestra fundación es una consecuencia de la violencia del bloque del poder dominante y de fenómenos de desigualdad social que terminaron engendrando y haciendo evidente la necesidad de acudir al derecho de rebelión».

En contraposición al discurso de Humberto de la Calle, Márquez incidió en que «el trabajo de la Comisión Histórica del Conflicto y sus Víctimas puso en evidencia la inobjetable responsabilidad del Estado por los más de setenta años de conflicto interno».

Sobre la Jurisdicción Especial para la Paz, remarcó que tendrá competencias para «conocer las responsabilidades de todos quienes intervinieron directa o indirectamente en el conflicto: combatientes y no combatientes, agentes del Estado, guerrilleros, políticos, civiles que han financiado, impulsado u organizado el paramilitarismo y paramilitares que hayan disfrutado de impunidad. Quienes históricamente se habían amparado en la impunidad para cometer graves crímenes deberán comparecer ante el país y asumir sus responsabilidades». «La paz exige reconciliación y esta exige normalización de la vida política y social de Colombia. Aquellos que han ejercido el supremo derecho a la rebelión contra las injusticias verán amnistiados los delitos políticos que hayan cometido y los conexos a estos. Pero también quienes hayan sido condenados injustamente como rebeldes sin serlo o, simplemente, por ejercer el derecho a la protesta social o incluso hayan incurrido en delitos de pobreza», subrayó.

Año y medio de discusiones

El jefe negociador de la guerrilla celebró que «todas las partes implicadas asumen la obligación de reparar el daño ocasionado atendiendo a la realidad de la victimización causada, reparación que se hará con trabajo personal y colectivo, con hechos, con decisiones políticas y con aportaciones materiales. Será ese nuevo Estado incluyente que se supone surgirá del Acuerdo de Paz el que asuma la obligación de garantizar que todos quienes fueron victimizados sean reparados».

La mesa de conversaciones de La Habana ha necesitado año y medio para lograr el cierre definitivo de la Jurisdicción Especial para la Paz y el acuerdo sobre las medidas de reparación y garantías de no repetición.

Durante este periodo, ambas delegaciones han logrado importantes compromisos como la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición; la Unidad Especial para la Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –que se pondrán en marcha tras el Acuerdo Final– y medidas y protocolos para adelantar los programas de limpieza y descontaminación de los territorios de minas antipersona, artefactos improvisados y municiones sin explotar.

Actos de perdón y reparación del daño causado

El acuerdo en materia de reparación incluye siete medidas encaminadas a «asegurar que todos quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto y causaron daños contribuyan a la reparación».

Con este fin, se organizarán a nivel nacional y territorial, y desde ahora, actos de reconocimiento de responsabilidad colectiva como peticiones de perdón y manifestaciones del compromiso de «contribución con acciones concretas a la reparación integral de las víctimas». En el caso de las FARC, se traducirá en «obras de reconstrucción de infraestructura en los territorios más afectados por el conflicto; participación en programas de limpieza y descontaminación de las minas y de su sustitución de cultivos de uso ilícito; contribución a la búsqueda, ubicación, identificación y recuperación de restos de personas muertas o dadas por desaparecidas; o la reforestación».

El acuerdo también contempla la recuperación a nivel individual y sicofísico de las víctimas, para lo que el Gobierno se compromete a ampliar la cobertura pública y despliegue territorial y mejorar la calidad de la atención. Asimismo, impulsará el regreso a Colombia de los refugiados y exiliados, y fortalecerá los procesos de restitución de tierras.A. L.

Las víctimas dejan claro a las partes que vigilarán el cumplimiento de los acuerdos

Una representación compuesta por diez víctimas –integradada por el general Luis Heriendo Medinesa, Piedad Córdoba, Alna Jara, Luz Marina Bernal, Yantes Bautista, María Soledad, Wilfrido Landa, Alfonso Mora, Liliana Collazos y Jinete Bedoya– viajó el lunes por la noche a La Habana para asistir al anuncio del acuerdo.

Sentadas en el centro, el evento, al que también acudieron los integrantes de la Comisión para el Esclarecimiento del Conflicto y los juristas que han asesorado a las partes, comenzó con un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas del conflicto, al que le siguió el ‘‘Ave María’’ interpretado por un violinista cubano.

Después de que los delegados de los países garantes dieran a conocer los puntos y objetivos centrales del acuerdo, la periodista colombiana Jineth Bedoya leyó un comunicado en nombre de todas las víctimas, en el que exigieron al Gobierno y a las FARC que «multipliquen los esfuerzos» por implantar una pedagogía de paz en la sociedad colombiana y, en ese sentido, las víctimas expresaron su deseo de convertirse en embajadoras de la paz.

«Sabemos que nuestro papel va más allá de ser un grupo de personas marcadas por la violencia. Somos protagonistas sociales de un nuevo país», subrayó.

Bedoya dejó claro que se mantendrán vigilantes en cuanto al cumplimiento de lo pactado. «Como supervivientes de este conflicto armado, estamos dando la mayor muestra de generosidad al venir a ofrecer nuestra voluntad de conciliación. Estamos creyendo en ustedes. Si fallan, no lo harán ante nosotros, sino ante la historia del país»», enfatizó.A. L.