El presidente de la Cámara de los Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, será sometido a un juicio político por su supuesta implicación en casos de corrupción por los que ayer fue registrada su residencia oficial.

El Consejo de Ética de la Cámara de Diputados aceptó a trámite un proceso que puede acabar con al destitución y la pérdida del escaño de Cunha, después de una vasta operación policial en la que se le investiga y que también implica a dos ministros del Gobierno de la presidenta, Dilma Rousseff, y a otros políticos por la corrupción en la empresa estatal Petrobras.

Además de la casa de Cunha, la Policía registró las residencias de los ministros de Ciencia y Tecnología, Celso Pancera, y de Turismo, Henrique Eduardo Alves, así como las del senador Edison Lobao, el diputado Aníbal Gomes y otros políticos.

Todos ellos pertenecen al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la formación centrista que encabeza el vicepresidente del país, Michel Temer. Aliado de Rousseff en el Gobierno, en las últimas semanas no solo se ha distanciado de la presidenta sino que se ha convertido en su azote político, impulsando otro proceso que, a su vez, puede acabar con la destitución de la presidenta.

Las operaciones policiales contra los miembros del PMDB las ordenó el magistrado Teori Zavascki a petición de la Fiscalía, que investiga la red de corrupción de Petrobras, que, según la propia petrolera, se apropió ilegalmente de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.

Cunha denuncia revanchismo

El senador Lobao fue ministro de Minas y Energía durante el primer mandato de Rousseff y también había ocupado ese cargo durante la gestión de Luiz Inácio Lula da Silva. Según sostiene la Fiscalía, Cunha recibió de la red de corrupción en Petrobras al menos 5 millones de dólares y mantenía ese dinero en unas cuentas secretas en bancos suizos, cuya existencia ha negado pero que ha comprobado la propia Justicia helvética. Como jefe de la Cámara de Diputados, Cunha aceptó iniciar el trámite para un juicio político a Rousseff, fundamentado en irregularidades fiscales en las que ha incurrido el Gobierno para maquillar sus resultados.

La oposición sostiene que esas maniobras suponen un «delito de responsabilidad», una de las causas que la Constitución contempla para destituir a un mandatario. El proceso contra Rousseff comenzó la semana pasada en la Cámara de Diputados, pero fue suspendido por la Corte Suprema tras atender una demanda oficialista que solicita esclarecer la forma en que será realizado el trámite. Rousseff afirma ser objeto de un «golpe de estado institucional».

La Presidencia afirmó que espera que se «aclare a la mayor brevedad» la operación policial contra Cunha y subrayó su deseo de que «ese proceso fortalezca a las instituciones brasileñas». Cunha, por su parte, negó que vaya a dimitir, calificó como «revanchismo» la operación en su contra y se mostró extrañado por el despliegue contra miembros del PMDB. «Fui elegido para que se me investigara, todo el mundo lo sabe», añadió Cunha, que se declaró «completamente inocente» y sugirió una intencionalidad política vinculada al proceso de destitución contra Rousseff.

Apoyo a la presidenta pero contra el Gobierno

Los principales sindicatos y movimientos sociales de Brasil llevarán hoy a cabo manifestaciones en al menos 14 de los 27 estados para apoyar a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, amenazada con un juicio político que puede despojarla del mandato, pero también contra la política económica del Gobierno. «Marcharemos contra el golpe (a la mandataria) y en apoyo a la presidenta, pero eso no significa que apoyemos su política económica» dijo a Efe el activista Luiz Felipe Albuquerque, uno de los responsables de organizar la movilización del Movimiento de los Sin Tierra (MST). Albuquerque afirmó que, además de protestar contra la posibilidad de que el Congreso le abra un juicio político a Rousseff, lo harán también contra la actual política económica del Gobierno, especialmente contra el severo ajuste fiscal puesto en marcha para equilibrar las deficitarias cuentas públicas. «La tercera reivindicación de la manifestación es la salida de Cunha», agregó Albuquerque en referencia al presidente de la Cámara de Diputados. Los movimientos sociales califican el proceso a Rousseff como un intento de «golpe de Estado». El pasado domingo, las manifestaciones convocadas por los grupos que demandan la destitución de la presidenta tuvieron una baja adhesión. GARA