PNV, PSE y PP sacaron ayer adelante los Presupuestos de Gipuzkoa para 2016, un proyecto dotado de 813 millones de euros, 42 más respecto a los de este año, aunque estas cifras quedan absorbidas por infraestructuras como la incineradora de Zubieta, para la que se prevén reservar 84,4 millones en los próximos tres años, la ampliación del capital de Bidegi en 10 millones o los 400.000 euros destinados al avance del metro de Donostia.

Tanto los 23 junteros de EH Bildu y Podemos como miembros de diversos organismos sociales que se manifestaron en el exterior de las Juntas mostraron su rechazo a estas cuentas al considerar que no responden a las necesidades ciudadanas, prevén importantes recortes sociales e hipotecan la capacidad de inversión al priorizar estas infraestructuras.

Tras la votación, en la que se rechazaron las enmiendas de EH Bildu y Podemos, el diputado general, Markel Olano, mostró su satisfacción por la aprobación de las primeras del nuevo Ejecutivo foral que marcarán «toda la legislatura».

EH Bildu, sin embargo, consideró que las Juntas de Gipuzkoa se convirtieron ayer «en el mejor ejemplo de las políticas antisociales del Gobierno formado por PNV y PSE», ya que por un lado sacaron adelante unos Presupuestos «que traerán a Gipuzkoa recortes en los servicios sociales» y, por otro, aprobaron «una bajada del impuesto para las grandes fortunas y las rentas irregulares».

Su portavoz, Xabier Olano, se centró en las partidas destinadas a la incineradora, en cuya construcción se prevén gastar unos 250 millones, algo que calificó de «insostenible» desde el punto de vista económico y ecológico, pero también desde el político, ya que en los comicios del domingo se impusieron en Gipuzkoa los partidos que se oponen a esta infraestructura.

La portavoz del PNV, María Eugenia Arrizabalaga, defendió la faceta social de las inversiones en infraestructuras y, respecto a la incineradora, aseguró que es la solución «más adecuada» a la gestión de residuos. Llegó a decir que es «un sumidero de CO2», si bien los grupos de la oposición le recordaron que infraestructuras como la de Zabalgarbi de Bizkaia son las que mayor porcentaje de CO2 emiten a la atmósfera.

Estos recortes fueron denunciados también por decenas de colectivos sociales, que se manifestaron en el exterior de las Juntas, entre los que se encontraban Stop Desahucios, Pobrezia Zero, pensionistas de Duintasuna, plataforma contra la incineradora, afectados de Lanbide, o los sindicatos LAB, ESK y STEILAS. Todos coincidieron en señalar que los Presupuestos «no responden en absoluto a las necesidades sociales ante el dramático aumento de la pobreza y desigualdad en nuestro territorio». Así, denunciaron que el peso específico de la partida de políticas sociales se reduce del 48% de este año al 46,7%.

Referencias a Nafarroa

PNV, PSE y PP dieron también su aprobación definitiva a la rebaja del Impuesto de la Riqueza y las Grandes Fortunas, que contempla la exención total de las participaciones industriales, así como a la rebaja de impuestos a las rentas percibidas por los deportistas de élite.

En el debate fueron constantes las alusiones a la reforma fiscal navarra, donde Geroa Bai se ha opuesto a la exención total y apoya que se contabilice como patrimonio personal el 20% del valor de dichas participaciones (en Gipuzkoa estaba en el 25%). Ante este hecho, Xabier Olano ofreció al PNV llegar a un acuerdo en torno a esta cuestión, incluso se mostró dispuesto a cambiar el nombre del tributo en aras a alcanzar un consenso.

La portavoz del PNV dijo desconocer los detalles de la reforma navarra e insistió en que en todo el mundo son pocos los países con un impuesto similar.