El Tribunal Supremo ha confirmado indemnizaciones cercanas a 200.000 euros para tres mujeres por estar en contacto con el amianto al tener que lavar la ropa de sus maridos, trabajadores de las fábricas de Uralita de Getafe y Valdemoro (Madrid), y sufrir los daños derivados de este material.

Por el contrario, declara «la incompetencia de la jurisdicción civil» para otra veintena de casos en los que el trabajador afectado falleció, y obliga a sus herederos a reintegrar las indemnizaciones percibidas en 2010.