El Ayuntamiento de Iruñea ha dado la vuelta a la gestión de la vivienda social con su plan de rehabilitación de viviendas municipales vacías. El año pasado, se arreglaron 25 viviendas para darles un uso social y para este año está previsto sumar otras 50 casas más. En total, son más de 170 las casas propiedad del ayuntamiento que estaban abandonadas y que el actual consistorio planea rehabilitar, debido al deterioro que ha causado el desuso. UPN ha decidido cargar contra esta dinámica asegurando que puede generar «un importante efecto llamada».

UPN entiende que no había necesidad de acometer este plan y tampoco de remodelar la «Ordenanza de viviendas municipales para situaciones de emergencia habitacional», cuestión que se debatirá mañana en el Ayuntamiento. Según explicó el anterior alcalde, Enrique Maya, modificar la ordenanza resulta «innecesario para responder a la problemática de vivienda de Pamplona, dado que el Ayuntamiento ya actuaba en este sentido mediante un convenio suscrito con Nasuvinsa». En la nota en la que cuestiona este «importante efecto llamada», UPN pide también la dimisión del concejal del área, Joxe Abaurrea, por haber dado un trato «irrespetuoso» a los concejales de UPN y PSN, al apuntar prácticas corruptas durante su gestión municipal.

El ayuntamiento se comprometió a recuperar las 170 casas que están vacías y darles un uso social. No obstante, la forma en la que se adjudicarán estas viviendas se trabaja con las entidades sociales y las plataformas ciudadanas como la PAH.

UPN no aclara la cuantía de ese efecto llamada que pueden generar 75 viviendas que son, a todas luces, insuficientes para las situaciones de emergencia, dado que hay ahora 4.800 demandantes de piso en la ciudad.