Oxfam ha presentado su informe anual sobre concentración de la riqueza en el mundo y la conclusión, por conocida, no deja de ser alarmante: la brecha entre personas ricas y pobres está alcanzando cotas nunca vistas. Además, el abismo se agranda a una velocidad mucho mayor de la esperada. Llegarán los lamentos y las llamadas a la solidaridad con las personas más desfavorecidas, aunque no estará de más recordar que el aumento de la desigualdad en el mundo no es una cuestión de orden natural, sino que se trata de un fenómeno social y político. Afrontar la pobreza y las desigualdades necesita de solidaridad, pero, sobre todo, de transformar las causas sociales y políticas que subyacen bajo esta desmesurada acumulación de la riqueza.

El sistema económico está diseñado en favor precisamente de aquellas personas que más poseen. El poder que ostentan los ricos les faculta para apropiarse de los beneficios de la actividad económica en una proporción que nada tiene que ver con su aportación o mérito. El control de las finanzas, los monopolios y los derechos sobre la propiedad intelectual se utilizan para dominar mercados y expulsar a competidores, con el fin de apropiarse de la riqueza social. Ese mismo poder privilegia la remuneración del capital frente al trabajo, pero además ocurre que mientras los sueldos medios de la clase trabajadora se mantienen o caen, la remuneración de los altos directivos se dispara. En otro orden de cosas, la fiscalidad –el mecanismo redistributivo de la riqueza– se encuentra totalmente desnaturalizada, no solo por la existencia de paraísos fiscales, sino por la propia regulación tributaria, especialmente en los países desarrollados, que permite el traslado y la ocultación de beneficios.

Hay en el mundo suficiente riqueza, tecnología y talento para que el bienestar y la prosperidad alcancen a la mayor parte de la humanidad, pero esas cuestiones no se abordarán esta semana en Davos. Todo indica que el poder político seguirá sin autonomía frente al poder económico.