El Tribunal Supremo de EEUU aceptó ayer pronunciarse sobre si el presidente, Barack Obama, tiene autoridad para permitir que millones de inmigrantes en situación irregular puedan permanecer y trabajar en el país sin ser deportados. La Casa Blanca celebró la decisión y confió en que los jueces terminen dando la razón a Obama.

Según “The Washington Post”, lo más probable es que el Supremo aborde el caso en abril y que el veredicto se conozca en junio, para cuando ya se debería conocer a los candidatos a la Casa Blanca en las elecciones del 8 de noviembre, en cuya campaña la inmigración será un tema clave.

Este era el último intento de la actual Administración para conseguir aplicar antes del próximo enero, cuando Obama deja el cargo, un programa anunciado en 2014 y que beneficiaría a cuatro millones de personas. El programa permitiría que quienes estén en esa situación se queden y pidan per- misos de trabajo si llevan más de cinco años y no han cometido delitos.

Sin embargo, esta orden ejecutiva, adoptada por Obama ante la imposibilidad de sacar adelante la medida en un Congreso dominado por los republicanos, se topó con el rechazo de 26 estados, que la recurrieron ante los tribunales, que paralizaron su entrada en vigor. Obama recurrió al Supremo argumentando que los estados no tienen potestad pues la inmigración es responsabilidad de Washington.

En su decisión de ayer, el fiscal general Donald B. Verrilli sostuvo que un tribunal de inferior instancia retuvo «una orden nacional sin precedentes contra la aplicación de una política federal de inmigración de gran importancia nacional, y lo hizo en violación de los límites establecidos del poder judicial». «Si se deja como está, ese fallo permitirá a los estados frustrar la aplicación al Gobierno federal de las leyes de inmigración –dijo– y obligaría a millones de personas a seguir trabajando al margen de la ley, sin la opción de un empleo legal para sustentar a sus familias».