El Tribunal Constitucional español admitió ayer a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno español contra la ley navarra de atención a víctimas de la violencia policial y de la extrema derecha. Lo hace por unanimidad poco más de 20 días después de que Madrid anunciase su apelación e implica la suspensión temporal hasta que los magistrados se pronuncien, lo que puede alargarse años. Esto tiene un efecto directo en la atención de familiares de víctimas que no han sido reconocidas como Mikel Zabalza, Mikel Arregi, José Luis Cano o Jose Miguel Etxeberria «Naparra».

El Ejecutivo liderado por Mariano Rajoy presentó el recurso el pasado 29 de diciembre y, entre sus argumentos, destacaba su consideración de que la ley establece una «especie de justicia paralela». Hace referencia a la puesta en marcha de una Comisión de Reconocimiento y Reparación que analizaría caso por caso tanto las víctimas mortales como las de tortura. En opinión de Madrid esto implicaría vulnerar la «presunción de inocencia» y obviar la labor de los tribunales. Sin embargo, lo cierto es que muy pocos de los casos que iban a ser analizados han recibido atención en los juzgados españoles, que sistemáticamente los archivaban. La familia de Zabalza, por ejemplo, lleva 31 años reclamando conocer qué ocurrió entre su arresto a manos de la Guardia Civil y el momento en el que su cuerpo apareció en el río Bidasoa. En el caso de «Naparra», incluso la ONU le ha reconocido como víctima de «desaparición forzosa».

El Gobierno se presentará

La ley, que fue propuesta por Izquierda-Ezkerra y que recibió el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos y PSN, buscaba hacer frente a una discriminación histórica y equiparar a quienes padecieron la violencia policial o ultraderechista con víctimas de organizaciones armadas como ETA. Ahora será el TC, un órgano controlado mayoritariamente por el PP, quien decida.

Ahora, tanto el Parlamento foral, como promotor de la ley, como el Gobierno encabezado por Uxue Barkos, disponen de 15 días para presentar un recurso. Lo habitual, sin embargo, es que la ley permanezca en suspenso hasta que los jueces decidan. Se trata de la decimosexta norma navarra que el TC mantiene paralizada a instancias del Gobierno español, que cuenta únicamente con el apoyo de UPN y PP.