Miquel Roca Junyent sigue contando con un importante protagonismo en la escena pública, pero no por su dilatada carrera política como dirigente de CiU, sino a raíz de que la Casa Real española le contrató en abril de 2013 para que defendiera los intereses de Cristina de Borbón en el «caso Nóos». Una semana antes de que comenzase la vista oral en un juzgado de Palma de Mallorca, la Fundación de Trabajadores de la Siderurgia Integral (FTSI) informó de que ha nombrado a este letrado presidente de la entidad «como reconocimiento a su trayectoria y su apoyo a la fundación, sus valores y principios».

La propia institución, a través de un comunicado, recogió unas declaraciones de Roca en las que destacó que «colaborar» con la FTSI supone «recoger nuestros mejores valores, los del compromiso, la ilusión y la solidaridad, devolverlo a la sociedad que tanto nos ha dado». «Me siento orgulloso de impulsar con un granito de arena este magnífico proyecto», aseguró.

Tras el cierre de Altos Hornos de Vizcaya y el anterior de Altos Hornos del Mediterráneo, la fundación fue constituida en 2008 con los fondos que quedaron de la caja de solidaridad que tenían los trabajadores de estas empresas públicas y de la asturiana Ensidesa para completar las prestaciones de las bajas temporales. Su objetivo declarado es impulsar nuevas iniciativas empresariales y abrir un futuro profesional a gente joven. Ahí se enmarcan, por ejemplo, programas dirigidos a estudiantes para sensibilizarles en materia de riesgos laborales, para prevenir el abandono escolar o fomentar el voluntariado.

Desde su nacimiento mantiene un vínculo estrecho con la monarquía española, ya que el propio Juan Carlos de Borbón estuvo presente en la apertura de la sede central, en Barakaldo, lo que generó movilizaciones de protesta. Tiene otras sedes en Portugalete, Avilés y Sagunto.

Roca sustituye a José Luis Leal Maldonado, ministro de Economía con UCD y expresidente de la Asociación Española de Banca. El letrado catalán no ocupará la presidencia hasta aceptar formalmente el cargo en la próxima reunión del patronato de la FTSI, en junio, y una vez comunicado al Protectorado de Fundaciones, institución que depende del Ministerio español de Educación, Cultura y Deporte.

En el momento en que se cumplimenten esos trámites, Leal pasará a ser, «por expreso deseo suyo», un miembro más del patronato, que pasará de 24 a 25 componentes. Al anunciarse el relevo, manifestó que «estos años hemos visto cómo lo que comenzó como un sueño ha ido tomando forma».

El cajón de sastre del patronato

No deja de sorprender la elección de Miquel Roca, vinculado a la política, la docencia y la abogacía, pero en ningún caso a la siderurgia. Astrid López de la Serna, directora gerente de la FTSI, aclara que no todos los componentes del órgano de gobierno y representación tienen relación con el sector de las acerías. «Ni el presidente saliente ni el entrante tienen relación directa con la siderurgia integral –confirma a preguntas de GARA–; han sido nombrados por el patronato por considerar que presentan méritos de especial relevancia e interés para las actividades que desarrolla la fundación».

«Los estatutos de la fundación establecen que los cargos en el patronato serán de confianza y honoríficos, desempeñados por sus titulares gratuitamente, y que el patronato podrá designar patronos a personas que presenten méritos de especial relevancia para acceder al cargo», explica López de la Serna.

Uno de los impulsores de la FTSI fue José Luis Corcuera, quien fuera ministro de Interior entre 1988 y 1999, en el Gobierno de Felipe González. Quien dejara en 1976 su puesto de electricista en AHV para ocupar cargos en UGT y PSOE es el presidente de honor de la fundación, donde se sientan otros sindicalistas de UGT y CCOO. También son patronos José Manuel Salinero –vinculado al PSE y que fue secretario general de Lehendakaritza con Patxi López– y quien fuera el primer presidente de Kutxabank, Mario Fernández, así como varios representantes de la Fundación BBK o SEPI.

La institución tiene previsto para 2016 un presupuesto de 765.000 euros, de los que 75.000 son para promocionar el voluntariado, 355.000 para actividades de impulso del empleo, 115.000 para inserción social, 155.000 para programas socioeducativos, 50.000 para programas de promoción de valores y 15.000 dedicados a actividades culturales. Su financiación, «como cualquier otra entidad del tercer sector», la logran a través de subvenciones públicas y de aportaciones de la iniciativa privada, fundamentalmente de obras sociales de bancos y grandes empresas.