La dimisión de la ministra francesa de Justicia, Christiane Taubira, fue anunciada el mismo día en que el primer ministro, Manuel Valls, presentó ante la Asamblea Nacional el texto definitivo del proyecto de reforma constitucional, que incluye el estado de emergencia y la retirada de la nacionalidad francesa para los condenados por «terrorismo» con doble nacionalidad. Taubira había mostrado públicamente su oposición al proyecto de François Hollande, al estimar que no será eficaz en la lucha «antiterrorista».

«A veces resistir es quedarse, a veces resistir es irse. Por fidelidad a uno mismo, a nosotros. Para (dar) la última palabra a la ética y al derecho», dijo en Twitter tras anunciarse su renuncia. Una dimisión aceptada por la necesidad, según Hollande, de de que haya «una ética colectiva y una fuerte coherencia» en la acción del Ejecutivo.

En una conferencia de prensa horas después, la ministra afirmó que abandona el Gobierno a raíz de «un desacuerdo político importante». «Opté por ser fiel a mí misma, a mis compromisos, a mis combates», aseguró.

Fue reemplazada en el cargo por Jean-Jacques Urvoas, estrecho colaborador de Valls, experto en cuestiones de seguridad y presidente hasta ayer de la comisión de leyes de la Asamblea.

Objeto de insultos

De 63 años y natural de Guayana, Taubira, mujer de gran cultura, fuerte personalidad y excelente oratoria, era uno de los blancos favoritos de las críticas de la derecha y la extrema derecha desde que logró la aprobación de la ley sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, y fue objeto a menudo de insultos racistas por ser negra, lo que la convirtió en un icono para la izquierda.

Derecha y extrema derecha se felicitaron por su dimisión. «Es una buena noticia para Francia», declaró la presidenta del ultraderechista Frente Nacional, Marine Le Pen, acusando a Taubira de haber «degradado la seguridad y debilitado la autoridad del Estado» con una política penal «laxa». Taubira, que como ministra de Justicia debía defender ante el Parlamento la reforma, no ocultó nunca su oposición a la retirada de la nacionalidad a las personas nacidas francesas pero que tienen doble nacionalidad, una medida reclamada por la oposición para quienes cometan delitos de «terrorismo» y que dividió al Partido Socialista y a la izquierda.

Desde hacía varios meses, Christiane Taubira estaba en desacuerdo con la política del Gobierno, y expresó públicamente sus divergencias respecto a la ley sobre los servicios de información, sobre el giro liberal en economía o sobre las «palabras de la derecha» adoptadas por la izquierda en materia de seguridad. Tras el 13N, la ministra, cuyo discurso progresista desentonaba, se vio cada vez más aislada, pero siguió en su cargo. Otras figuras de la «izquierda de la izquierda», como Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Aurélie Filippetti o la ecologista Cécile Duflot se habían ido ya del Gobierno.

El pasado setiembre, tras una reunión con su homólogo español, Rafael Catalá, Taubira se mostró favorable al acercamiento de presos vascos a Euskal Herria y reconoció que, a principios de julio, su jefe de gabinete, Alain Christnacht, se reunió con representantes de asociaciones que trabajan por los derechos de los prisioneros.

Privación de nacionalidad y de determinados derechos cívicos

El Estado francés privará de la nacionalidad francesa y de algunos derechos cívicos que esta conlleva, como el de voto o el de ser elegido, a los condenados por «terrorismo» en su territorio, afirmó ayer Manuel Valls. Así se recoge en la propuesta de reforma constitucional que François Hollande prometió y Valls presentó ayer ante la comisión de leyes de la Asamblea Nacional para empezar a debatirse la semana próxima.

La medida más polémica es la retirada de la nacionalidad, algo que provoca el rechazo de buena parte de diputados y senadores. Valls explicó que la propuesta dice que «una persona puede ser desposeída de la nacionalidad francesa o de los derechos que ella conlleva cuando sea condenada por un crimen o delito que constituya un ataque grave a la vida de la nación», como son, precisó, los referidos a «asociación de malhechores con fines terroristas», la «financiación directa del terrorismo» o las acciones «terroristas» individuales, penados con diez años de cárcel.

Aseguró que en el texto no habrá referencias a la binacionalidad, aunque la medida solo afectará a quienes tienen doble nacionalidad, porque París, dijo, respetará la convención internacional que prohíbe la creación de apátridas. Así, el Gobierno busca «el mayor respaldo posible», ya que la reforma precisa de tres quintos de los votos de las dos cámaras reunidas de forma conjunta.GARA