El debate social y político en Donostia estaba caldeado desde que hace una semana una ciudadana denunciara en las redes sociales que, como usuaria de la Kirol Txartela Social, tenía restringido el acceso a las instalaciones deportivas más allá de las 17.00. Una decisión política e unilateral que tomó el concejal de Deportes, Martín Ibabe. Y de la misma forma que la tomó la dejó sin efecto ayer, en el transcuro de una reunión ordinaria que tenía fijada el Patronato de Donostia Kirolak a las 16.00.

El orden del día contemplaba un punto único, relativo al salario de los empleados. No obstante, Ibabe llevó una resolución que se trató acto seguido en una sesión extraordinaria de carácter urgente, según supo GARA. En ella Ibabe dejaba sin efecto la medida por la que a las personas que perciben ayudas sociales y que son titulares de la citada tarjeta se les imponía la limitación horaria.

Ambas decisiones, tanto su entrada en vigor como su suspensión, no las tomó el Patronato de Donostia Kirolak, donde están representados los grupos, sino el Gobierno municipal de PNV-PSE, porque suya es la potestad para tales cometidos.

La resolución, firmada por el titular de Deportes, fue debatida ayer pero no votada. Cuando entró en vigor ni siquiera fue comunicada.

La reunión se celebró después de que ayer por la mañana Ibabe recibiera en el Ayuntamiento a un grupo de personas afectadas por la restricción, a la plataforma Stop Desahucios, a Pobrezia Zero y otros movimientos sociales para tratar este tema. También habían registrado formalmente una petición para que el Gobierno municipal diera marcha atrás.

EH Bildu: «nunca debió pasar»

Desde EH Bildu, que ha ejercido parte de la presión política, Olaia Duarte declaró que la coalición no aplaudirá la decisión porque «es lo que debía hacer» tras una medida que no debió tomarse «nunca». «Un gobierno municipal es una administración pública y, como tal, tiene que gestionar las instalaciones con una responsabilidad, garantizando el acceso universal». En este sentido, subrayó la importancia de asegurar el acceso de las personas que tienen una situación económica más frágil.

Ahora, EH Bildu, que estaba decidida a recurrir al Ararteko el caso, espera que el Gobierno de PNV-PSE «pida disculpas a las personas que se han visto afectadas».