El TSJPV ha negado a los igeldotarras el derecho a decidir sobre si pueden o no ser municipio en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo español y el PNV, a través de la Diputación de Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Donostia, ha expresado su satisfacción.

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha estimado el recurso interpuesto por pleno municipal de Donostia con los votos de PNV, PSE y PP contra la desanexión de Igeldo y ha dejado sin efecto el decreto de la Diputación gobernada por Bildu, que declaró la segregación al comprobar que esa era la voluntad de la mayoría de los igeldotarras expresada formalmente en las urnas.

El ente foral entendió como motivo de «interés público» justificativo de la constitución de Igeldo como municipio, la voluntad de los igeldotarras expresada en el resultado favorable a la segregación de la consulta popular celebrada el 10 de noviembre de 2013, así como el refrendo celebrado en 1995.

Por contra, el TSJPV recoge que Tribunal Supremo ya fijó que «la voluntad mayoritaria de un grupo de vecinos de segregar la parte del territorio de un término municipal en el que residen no es por si solo determinante de la resolución de la Administración». La sentencia añade que debe basarse en causas objetivas, tendentes a acreditar la incidencia de un hecho diferencial, que en orden a la mejor gestión de los intereses de una agrupación humana requiere la creación de un nuevo municipio».

En consecuencia, concluye que la participación vecinal en consultas como la celebrada en Igeldo es «no vinculante» y sus resultados no pueden interpretarse «desde perspectivas electorales o plebiscitarias de mayorías relativas de electores favorables».

El TSJPV antepone a la voluntad ciudadana otros aspectos legales y anula el acuerdo de la Diputación presidida por Martin Garitano, descartando que «el respeto democrático» de la institución foral a las reivindicaciones de los igeldotarras por «razones identitarias, culturales o sociales» pueda suponer la integración del «elemento imprescindible de interés público permanente de la segregación».

Satisfacción jeltzale

La actual Diputación encabezada por Markel Olano anunció ayer que no recurrirá la sentencia del TSJPV. Su portavoz, Imanol Lasa, afirmó que «mal acaba lo que mal empieza» y apuntó que el proceso «no tuvo en cuenta las opiniones de todos los ciudadanos» y que, además, «no se respetaban las normas forales». «Todo el proceso ha sido un cúmulo de despropósitos», concluyó.

Por su parte, el actual alcalde de Donostia, Eneko Goia, afirmó que desde su punto de vista «era la única respuesta posible que podían ofrecer los tribunales a un proceso que fue absolutamente irregular».

Según Goia, el Ayuntamiento donostiarra «siempre» ha mostrado su disposición a trabajar con los vecinos en torno a la constitución de una entidad local menor para Igeldo y «esa oferta sigue absolutamente en pie», pero también manifestó que «evidentemente dos no hablan o no negocian si uno no quiere». «Respeto lo que vayan a querer decir y en sus manos está la decisión que quieran adoptar», concluyó.

Los vecinos advierten de que el problema es político, no jurídico

Los vecinos y vecinas de Igeldo anunciaron ayer el comienzo de una nueva fase en el camino hacia la desconexión de Donostia. «Una nueva etapa hasta conseguir que se respete la voluntad mayoritaria de los igeldotarras. Y no os quepa la más mínima duda de que lo conseguiremos. Porque no estamos ante un problema jurídico, son decisiones políticas las que han judicializado este asunto y son las decisiones políticas las que hacen y modifican las leyes», destacaron Igeldoko Herri Kontseilua e Itsas Aurre Elkartea en respuesta al fallo del TSJPV.

Asimismo, en una rueda de prensa, criticaron el doble rasero de PNV y PSE, que recurrieron la desanexión de Igeldo y apoyaron la constitución del municipio de Itsaso. «Es decir, para Igeldo no se puede ni se quiere lo que, al parecer, sí se puede y se quiere con Usansolo en Bizkaia o con Itsaso en Gipuzkoa. No es la racionalización de las administraciones locales, ni la viabilidad económica de los municipios lo que os mueve, sino el frío cálculo político», denunciaron.

Por su parte, el portavoz de EH Bildu, Xabier Olano, afirmó ayer que la Diputación de Gipuzkoa debería defender hasta las últimas consecuencias las decisiones democráticas adoptadas por la ciudadanía y, por tanto, recurrir la sentencia del TSJPV contra la voluntad de los habitantes de Igeldo. «Este fallo –declaró– supone una mala noticia para quienes creemos en la democracia participativa y en el derecho a decidir. El Gobierno foral no puede permanecer inmóvil, debe recurrir la sentencia, y dar pasos para reconocer la voluntad popular expresada libre y democráticamente».GARA