El Consejo de Gobierno de Lakua aprobó el martes el decreto que, con entrada en vigor desde el 1 de enero, fija la jornada laboral de la Administración Pública en 1.592 horas al año, 22 horas y media de presencia efectiva menos que en 2015, e incluye 22 días de vacaciones para el personal público y otras 45 horas –seis días– de permiso por asuntos particulares al año.

Según informó el Ejecutivo presidido por Iñigo Urkullu, se trata de devolver a los 70.000 trabajadores de la Administración Pública las 35 horas semanales pactadas con los sindicatos en el año 2000 y anuladas por el Gobierno español en 2012. Ahora, Lakua adopta esta decisión «cuando la situación económica-presupuestaria lo ha permitido» y ha convocado para el próximo jueves a los sindicatos a una reunión de la Mesa General de Función Pública.

Si bien las centrales sindicales han valorado positivamente la medida, para Confebask supone un «contrasentido».

La patronal ha expresado su sorpresa por el hecho de que Lakua reconozca que 2016 puede ser un año «complicado porque se mantienen incógnitas» y quiera destinar a la vuelta a las 35 horas semanales casi 8 millones de euros cada año. «En el actual contexto de paro y crisis económica, pide a la empresa privada que invierta y genere empleo». Esta crítica fue refrendada después por Adegi, que no cree que esta postura pueda enturbiar las relaciones entre ambas partes.

Sindicatos como LAB y ELA también han criticado a Lakua, pero por sus formas. La central liderada por Ainhoa Etxaide recibe la decisión «con mucha prudencia» y denuncia que Lakua «rompió el acuerdo unilateralmente e impuso la semana laboral de 37,5 horas», siendo «una de las pocas instituciones de Hego Euskal Herria que se atrevió a ello, ya que ni siquiera el Gobierno de Nafarroa, que en aquellas fechas estaba en manos de UPN, se atrevió a hacerlo».

Asimismo, advierte del impacto que tendrá la decisión en cuanto a la calidad del empleo que se genere, ya que, en su opinión, «se trata de una decisión con tintes electoralistas», algo en lo que coincide CCOO.

De esta manera, para LAB, un salario mínimo de 1.200 euros y las 35 horas son «básicas para hacer frente a la actual situación de precariedad y pobreza».

«Graves consecuencias»

Mientras, ELA ha denunciado que la medida adoptada por el Gobierno de Urkullu al inicio de su legislatura de ampliar en 45 horas la jornada laboral ha tenido «graves consecuencias en el empleo del sector público vasco». En concreto, ha apuntado que «solo en Osakidetza esa ampliación de jornada supuso la destrucción de más de 1.500 puestos de trabajo».

Además, ELA, LAB y UGT han presentado en el Parlamento de Gasteiz un escrito con más de 3.200 firmas en el que piden al Ejecutivo que cumpla con todo lo acordado en el convenio colectivo de 2010 y devuelva a los trabajadores todas las condiciones laborales recortadas y los «derechos robados».

Por su parte, ESK cree que la Confederación Empresarial Vasca «solo piensa en el beneficio de sus empresas» y que sus críticas «ignoran las necesidades que la ciudadanía vasca tiene».

UGT advirtió a la patronal que hay estudios que evidencian que «trabajar más horas no aumenta la productividad». Considera que la medida de Lakua no solo sirve para generar más empleo, sino para ofrecer una «calidad asistencial muchísimo mejor a toda la ciudadanía».