La bancada opositora en Venezuela, que a principios de año prometió que en un lapso no mayor de seis meses anunciaría al país una solución «constitucional» para adelantar el fin del Gobierno de Nicolás Maduro, aseguró el viernes que ese tiempo «es demasiado largo».

El presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, lo anunció durante una rueda de prensa convocada expresamente para rechazar la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que declaró la «validez» y «vigencia» del decreto de emergencia económica que dictó Maduro a principios de año, y que fue desautorizado por el Parlamento de mayoría opositora. Allup calificó de «inconstitucional» esa decisión por pasar por encima de la desaprobación de la Cámara.

«En los próximos días tendremos que ofrecer ya una propuesta concreta de salida a esta desgracia nacional que es el Gobierno de Nicolás Maduro», dijo.

Y añadió que denunciará ante organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA) esa decisión.

Con el decreto de emergencia económica el Gobierno podrá disponer de recursos sin control del Parlamento, así como de bienes y mercancías de empresas privadas para garantizar el abastecimiento, además de restringir el sistema monetario y el acceso a la moneda local y extranjera, todo ello durante 60 días prorrogables.

El dos veces candidato a la Presidencia de Venezuela, Henrique Capriles, también reiteró que es la hora de convocar a un referendo para revocar el mandato a Maduro, de quien dijo: «Está destruyendo Venezuela».