El famoso pazo de Meirás, que sigue en posesión de la familia Franco, es uno de los ejemplos palmarios de un expolio franquista que dura hasta día de hoy. Pero hay muchos casos más. Con la llegada del cambio al Parlamento y al Gobierno de Nafarroa, el concejo de Barindano ha recuperado las esperanzas de revertir la venta de 10.000 metros de comunal al ministro franquista Pío Cabanillas, para que levantase allí su chalé de veraneo. A través de una petición formal, espera que la presidenta del Parlamento y los grupos que sostienen al Gobierno permitan pronunciarse al Consejo de Navarra sobre varios aspectos de dudosa legalidad en el procedimiento. La familia de Pío Cabanillas vendió el chalé y los terrenos en 1998.

Cabanillas –cuyo hijo, también de nombre Pío, fue ministro portavoz con José María Aznar– llegó hasta el concejo de Barindano, en Ameskoabarrena, en 1964. Era ya una etapa franquista tardía y el expolio de la guerra quedaba ya lejos en el tiempo, pero los hombres fuertes de la dictadura seguían teniendo un inmenso poder. En aquel entonces, Cabanillas era secretario de Estado y pronto sería ministro. Por el motivo que fuera, el alto cargo de Franco se encaprichó de unos terrenos para hacerse una casita donde pasar las vacaciones. Y el pueblo no pudo hacer nada. «Se trató de una venta en la que medió coacción y no la voluntad libre de la junta concejil», expone en su escrito el actual concejo de Barindano.

Chalé, caminos y balcones

La venta tuvo visos de ilegalidad desde el primer momento, pero ni siquiera el hecho de que fueran terrenos comunales no evitó que fueran expropiados para satisfacer los deseos de Cabanillas. El ministro se trajo a su asesor secretario y él mismo fijó cuánto habría de pagar por las dos fincas de 5.000 metros cada una. Y, claro, las compró por una miseria: a peseta el metro cuadrado, cuando el valor real del terreno pudiera ser más de 20 veces mayor. Además, las parcelas tuvieron que dejar de ser rústicas y se las enajenaron para que construyera.

Cabanillas levantó un chalé en una de las fincas, mientras que en la otra se limitó a hacer caminos enlosados para darse paseos con su familia y también balcones. A fin de cuentas, son terrenos altos y con buenas vistas.

Los Cabanillas disfrutaron de esos terrenos comunales durante varios años, aproximadamente hasta que murió el dictador. Los vecinos recuerdan el revuelo de escoltas y coches oficiales durante esas visitas. Pero acabaron por aburrirse.

En 1998, tras décadas sin pisar Ameskoabarrena y el mismo año en el que Cabanillas hijo era nombrado presidente de TVE dando continuidad a la saga, la viuda del ministro franquista decidió vender sus posesiones a los descendientes del vecino de la zona que les mantenía la finca entre visita y visita. El precio volvió a ser muy bajo, ya que se desprendió de las dos fincas y el chalé (que por el camino se había ampliado milagrosamente de 10.000 a 13.048 metros) por ocho millones de pesetas.

El concejo de Barindano entiende que, antes de ofrecer los terrenos comunales a un tercero, deberían haber revertido al pueblo. Y reclama que 50 años después la finca no edificada tendría que volver a ser de todos, ya que no ha cumplido el fin para el que fue expropiada.

El concejo confía en la intervención de la presidente del Parlamento, Ainhoa Aznárez, para poder acudir al Consejo de Navarra y ha solicitado reunirse con las fuerzas del cambio. Barindano intentó la primavera pasada que este órgano se pronunciara. Sin embargo, la repuesta del Consejo fue que solo podía atender peticiones del Gobierno navarro o del Parlamento. Concretamente, el presidente de dicho órgano, Eugenio Simón Acosta (catedrático de Derecho Tributario de la Universidad del Opus) les respondió que tenía la consulta sobre la polémica venta como «no efectuada».

El TS consolida la condena de 1940 a un republicano navarro

En 1940, al vecino de Artaxoa Javier Domezain le despojaron de todos sus bienes, por eso de que era republicano. Domezain fue condenado por haber sido alcalde de su pueblo y, además, militante de Izquierda Republicana. Fueron dos sentencias distintas. Primero le condenó Tribunal Regional de Responsabilidades Políticas de Iruñea, que le impuso la incautación de todos sus bienes. Después, esto fue revisado por el Tribunal Nacional de Responsabilidades Políticas, que cambió la pena de incautación por una multa de 300.000 pesetas de aquella época.

La nieta de la hermana de Domezain ha iniciado una batalla legal para anular estas condenas y ayer se topó con que el Supremo le ha cerrado las puertas. La vía que estaba utilizando para cambiar las sentencias era la Ley de Memoria Histórica, pero esta norma restringe la potestad de reclamar los cambios a los familiares más directos. Por ello, no admite la solicitud de la sobrina nieta y, por tanto, no entra al fondo del asunto. En cuanto la reclamación de los bienes que se quedó el Estado franquista, el fiscal defendió que la vía oportuna sería el contencioso.

El caso de Javier Domezain muestra las carencias de la Ley de Memoria, ya que evita la revisión de condenas a personas que no tengan familiares directos vivos.