Lmenos de dos semanas de la cita con las urnas para la elección del nuevo gobierno irlandés, la campaña electoral más corta desde la creación de la república está siendo breve e intensa, y esa intensidad se debe tanto a factores políticos, como a acontecimientos que poco tienen que ver con este plebiscito: desde la metedura de pata de 2.000 millones de euros en los programas de Fine Gael, Fianna Fail y Labour, a un enfrentamiento entre bandas de traficantes que ha abierto el frente de la seguridad ciudadana para los partidos.

Espacio Fiscal

El desconocido «espacio fiscal» se ha transformado durante la semana pasada en parte de la jerga de la ciudadanía irlandesa. Este es un término relativamente nuevo que se refiere a la flexibilidad de un gobierno en sus

decisiones de gasto y, más genéricamente, a la salud financiera de un gobierno.

Si el  eslogan electoral de los dos partidos en el gobierno es «Sigamos con la recuperación», con lo que no han seguido Fine Gael y Laboristas ha sido con las políticas de austeridad de cara a las elecciones o en sus manifiestos electorales que esperan financiar con espacio fiscal. Estos son como los ingresos inesperados –causados por el crecimiento económico, reducción de la inflación, etc– que recibe un gobierno durante su mandato.

Pues bien, precisamente los dos partidos en la coalición de gobierno, cuyo argumento principal durante la campaña electoral ha sido precisamente la estabilidad económica, han sobreestimado sus posibilidades de gasto en ni más ni menos que 2.000 millones de euros. También lo ha hecho, aunque en menor medida, Fianna Fail. En resumen, los únicos que han hecho cálculos correctos han sido los expertos de Sinn Féin.

Seguridad ciudadana o derechos civiles

La posición de Sinn Féin de oposición al mantenimiento del llamado Tribunal Criminal Especial, en el que las decisiones son tomadas exclusivamente por tres jueces, ya que no hay jurado, ha avalada por las denuncias tanto de la ONU como del Consejo por las Libertades Civiles o de Amnistía Internacional (AI), que coinciden en calificarla como una infracción contra los derechos del ciudadano. De hecho, AI apunta a que la existencia de este tipo de Tribunales sólo puede justificarse en aquellas situaciones en las que «los tribunales ordinarios son inadecuados para asegurar la administración de justicia de manera efectiva y la preservación del orden público».

Ha sido precisamente este llamamiento por parte de Sinn Féin el que está siendo utilizado por el resto de los partidos para acusarles de debilidad en sus políticas de seguridad, particularmente en el contexto de las dos muertes que tuvieron lugar la semana pasada en una guerra de bandas de traficantes irlandeses, que se inició con el asesinato de Gary Hutch en la Costa del Sol en octubre del pasado año. Sinn Féin ha recordado a Fine Gael y laboristas que en 2009, cuando se renovó la legislación especial que permite el mantenimiento de este tipo de tribunal, ambos partidos expresaron su oposición a las medidas introducidas por un ejecutivo liderado por Fianna Fail. Precisamente, la defensa de la existencia del Tribunal Criminal Especial y los ataques contra Sinn Féin por su propuesta de esta abolición, han sido criticados por el director del Consejo de los Derechos Civiles de Irlanda, Mark Kelly. «El postureo político para parecer duro en la cuestión del crimen no es un sustituto al respeto al Estado de derecho que demuestra

la promesa de la abolición de un tribunal anacrónico».

Impuestos versus servicios

La división de la sociedad irlandesa se muestra claramente en las preferencias de los votantes. Los sectores más influyentes de la sociedad se sienten atraídos por la promesa de bajada de impuestos de los partidos en la coalición de gobierno, mientras que el resto de la población prefiere las promesas de inversión de los servicios públicos de los partidos de izquierda. Y es que los servicios públicos han sido los más afectados por las políticas de austeridad de los últimos cinco años. Sanidad, Educación y recortes a los subsidios y ayudas sociales son las mayores reivindicaciones de los votantes en las zonas trabajadoras.

A ello hay que añadir la rebelión contra el IBI y el nuevo impuesto del agua, que les pasará factura a Fine Gael y a Laboristas principalmente. En la encuesta de opinión más reciente, publicada por el “Dominical Sunday Business Post” el domingo 13 de febrero, los laboristas pierden más de 11 puntos con respecto a las elecciones del 2011, cayendo a un 8% en intención de voto. La reelección de su líder, Joan Burton, corre peligro. Tanto es así que en los comentarios que siguieron al primer debate entre Burton, el líder de Fine Gael Enda Kenny, el presidente de Sinn Féin, Gerry Adams y Micháel Martin, de Fianna Fail, se comentaba que se había presenciado a tres líderes luchando por el gobierno y a una luchando por su escaño.

Una vez más, se cumple el maleficio de la coalición de gobierno: la implosión del partido minoritario. Les ocurrió a los desaparecidos Progresistas Demócratas, a los Verdes (alrededor del 1% en intención de voto) y ahora le toca el turno al laborismo. Si los pronósticos se mantienen, Sinn Féin se convertirá en el segundo partido más votado en la república irlandesa, con un 20% del voto –el doble de lo obtenido en 2011–, sólo ocho puntos por debajo de Fine Gael, lo que le convertiría en el líder de la oposición y rompe con el bipartidismo conservador que ha garantizado gobiernos de Fine Gael o Fianna Fail desde el establecimiento de la república.