Los cambios efectuados por el Ejecutivo de Lakua en la licitación del servicio de comedores escolares no garantiza la libre competencia. Así lo denunció ayer el parlamentario de EH Bildu Iñaki Lazarobaster, quien advirtió de que, con una concurrencia libre «real», se hubieran ahorrado 10 millones de euros, en lugar de los 7 millones que Lakua afirma haber economizado con las nuevas adjudicaciones. Y alertó de que este sistema sigue beneficiando a los miembros de un cártel sancionado por la Autoridad Vasca de la Competencia, entidad que ha impuesto una multa de 18 millones de euros a ocho empresas por repartirse el mercado.

«En la concurrencia y adjudicación de algunos lotes se demuestra que el mercado sigue cerrado a otras empresas fuera del cártel o que empresas de la misma propiedad son las únicas que se presentan a algunos lotes», señaló Lazarobaster, que acusó al Gabinete de Iñigo Urkullu de «seguir alimentando a las viciadas empresas de cátering». «Las puertas del fraude siguen abiertas y se siguen posibilitando prácticas contra la libre concurrencia», subrayó antes de proponer una solución a la consejera de Educación, Política Lingüística y Cultura, Cristina Uriarte, que ayer compareció en el pleno de control.

En opinión del parlamentario soberanista, bastaría con anular la orden que garantiza la presencia de las empresas de cátering en los centros escolares. De este modo, se pondría fin al «sistema de megacontratos» y se daría opción a que cada centro negocie directamente con esas empresas. Además, abriría la puerta a una gestión alternativa de los comedores, priorizando los productos de cercanía y ecológicos. A este respecto, Lazarobaster censuró que, pese a que pagan el 65% del coste de los menús, las familias no participan en la gestión de los comedores, «no porque no tengan interés en cómo se alimentan sus hijos e hijas, sino porque se lo impide el sistema».

Uriarte rechazó las críticas de EH Bildu e insistió en que, con la entrada en vigor del último contrato, no existen prácticas contraria a las libre concurrencia. «Comparto plenamente el juicio sobre la gravedad de lo acaecido, el prejuicio causado a la Administración. Pero la actual forma de gestión pivota sobre la necesidad de garantizar la seguridad y la salud de nuestros niños y niñas, y en ningún caso se puede hablar del fracaso del actual sistema de comedores escolares», indicó. Y avanzó que su departamento esta trabajando en la puesta en marcha de un proyecto piloto junto con las asociaciones de padres y madres. «Es una tarea muy compleja que servirá para evaluar otras formas de gestión; por lo tanto, seguimos trabajando», añadió.

Acudir a la Fiscalía

La consejera también tuvo que responder a las críticas de PP y UPyD, que han solicitado la creación de una comisión de investigación para esclarecer lo ocurrido. Cabe señalar que Iñaki Oyarzábal dio un paso más y ayer anunció que, si el Gobierno no presenta una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, lo harán ellos. A su parecer, «hay elementos razonables para ir a la Fiscalía, porque aquí ha existido la connivencia necesaria del propio departamento, y ustedes tendrán que decidir de quién ha sido, si de técnicos o de políticos. Porque no se ha podido realizar este fraude millonario durante 18 años sin la connivencia de la propia Administración».

En la misma línea, el único representante de UPyD, Gorka Maneiro, instó al Ejecutivo autonómico a solicitar una indemnización por daños y perjuicios a las empresas adjudicatarias del servicio de comedores. «Estamos hablando de un quebranto del dinero público insoportable, de unas cifras altísimas, por lo que esta es una de las primeras cosas que debería hacer este Gobierno para saldar este fraude mayúsculo», manifestó.