Txisko FERNÁNDEZ
DONOSTIA

La seguridad energética europea pasa por el eje Moscú-Berlín

No hace falta entrar en profundos análisis geoestratégicos para entender la importancia de las relaciones energéticas entre la Unión Europea y Rusia. Basta con recordar que, ahora que nos hallamos en invierno, el gas natural procedente del gigante del Este es el que calienta las viviendas en gran parte de Europa, desde Ucrania hasta Bretaña.

Para comprender el extraño cruce de declaraciones de los últimos días en torno a la seguridad energética en el continente entre Alemania y Rusia, por un lado, y la Comisión Europea y algunos países del Este (Polonia y Ucrania, principalmente), por otro, hay que comenzar explicando qué es el proyecto Nord Stream 2.

Se trata de un gasoducto que «doblará» al primer Nord Stream, que ya recorre el fondo del mar Báltico para distribuir el gas ruso por el noroeste de Europa. Concretamente, esta ruta enlaza la ciudad rusa de Vyborg, ubicada al fondo del golfo de Finlandia, con la alemana de Greifswald, situada a 175 kilómetros al norte de Berlín.

También hay que resaltar que, si bien el fluido energético es propiedad rusa, en la construcción de la infraestructura están implicadas significativas empresas con sede en la UE, como las alemanas E.ON y Wintershall (BASF), la austriaca OMV, la neerlandesa Shell y la francesa Engie, cada una de ellas con el 10% de la inversión. La otra mitad corre a cuenta de Gazprom, la empresa estatal rusa.

Más que un trato comercial

Sobre esa circunstancia justifica Angela Merkel la posición de su Gobierno, favorable a materializar el Nord Stream 2 cuanto antes, cuando se ve obligada a replicar a quienes advierten de los riesgos estratégicos que conlleva aumentar la dependencia energética respecto al Kremlin, que es quien maneja efectivamente la llave de paso.

La canciller alemana sostiene que se trata de un proyecto puramente «comercial». Y, en una reciente visita a Polonia, su vicecanciller, Sigmar Gabriel, aseguró que no se llevará a cabo si no se garantiza también la seguridad de los suministros a través de Ucrania a partir de 2019. En cambio, Gazprom y sus socios occidentales subrayan que duplicar el Nord Stream es «una parte de la solución a largo plazo para la seguridad energética de la Unión Europea».

No obstante, si se materializa este proyecto, con capacidad para 55.000 millones de metros cúbicos, Ucrania podría quedarse fuera de los futuros esquemas de aprovisionamiento de la UE desde Rusia. Eso preocupa, y mucho, al Gobierno de Kiev, que, a través de su primer ministro, Arseni Iatseniuk, lo ha calificado de «antieuropeo, antiucraniano, antieslovaco y antipolaco».

Ucrania desea a toda costa que el gas ruso siga cruzando su territorio, lo que, aunque a primera vista parezca paradójico debido al enfrentamiento cuasibélico entre los dos países en Donbass, es fácil de entender siguiendo el análisis de Sijbren de Jong, del Centro de Estudios Estratégicos de La Haya, que lo resumió así para AFP: «Los rusos tendrán menos problemas para cortar el gas a Ucrania porque, si lo hacen, ya no expondrán a Alemania a la falta de suministro».

Competencia y sanciones

También la Comisión Europea y el Consejo han expresado su temor a que el nuevo proyecto «seque el tránsito por Ucrania», ya que podría concentrar el 80% de las importaciones de gas ruso por una sola ruta. Esa expresión fue utilizada por el actual presidente del Consejo Europeo, que no es otro que el polaco Donald Tusk, quien también subrayó que Gazprom se encontraría en una posición archidominante sobre el mercado alemán, ya que, del 40% actual, pasaría a bombear el 60% del gas importado por ese país.

«Yo aplicaré toda la reglamentación que puedo aplicar», comentó el comisario europeo de Energía, el español Miguel Arias Cañete, en lo que pareció una vaga promesa dirigida a su colega polaco. Implícitamente, hacía referencia al arsenal de reglas sobre competencia, mercado interior, medio ambiente o licitaciones públicas que puede utilizar la Comisión.

Una reflexión que no pasó desapercibida en Moscú. «Nuestra posición es totalmente conforme a todas las normas de la Unión. El balón está en campo europeo», respondió el “número dos” de Gazprom, Alexandre Medvedev. Y, aunque los mismos obstáculos legales ya fueron superados hace una década por el primer Nord Stream, la situación actual es más compleja. Por ejemplo, Polonia y los estados bálticos plantean objeciones a esta colaboración ruso-germana recordando que la UE mantiene en vigor las sanciones comerciales contra Rusia por el conflicto ucraniano.

Distintos intereses son los que han provocado la protesta de Italia, que se queja de que el proyecto de gasoducto sudeuropeo, el South Stream, sí ha sido «retocado» por Bruselas.

Mientras tanto, lo cierto es que el suministro ruso sigue llegando sin problemas hacia el centro del continente, como lo refleja el hecho de que en 2015 ese flujo aumentó un 8%. Además, según augura De Jong, a corto plazo la estrategia de Gazprom reposará sobre el que ya es su mercado central, Europa, ya que «está un poco obligado a hacerlo» porque, entre otros factores, el crecimiento de China se desacelera y el proyecto de gasoducto vía Turquía se ha quedado en el limbo.

A este suculento banquete comercial, en el que Noruega ya tiene reservado un lugar importante junto a Rusia, pueden llegar nuevos comensales. Incluso Estados Unidos, de la mano de su gas de esquisto (fracking), está dispuesto a entrar en competición con una estrategia exportadora inédita: el primer envío hacia Europa partirá desde Luisiana en un buque metanero este mismo mes.

El papel de la Comisión

Con este escenario a la vista, la Comisión Europea presentó el martes una serie de medidas para reforzar la seguridad del suministro de gas y reducir la dependencia energética. Medidas entre las que destacan planes de contingencia por regiones y el control de contratos comerciales e intergubernamentales por parte de Bruselas.

El vicepresidente de la Comisión para la Unión Energética, Maros Sefcovic, aseguró que las propuestas no van en contra de Rusia, aunque asumió que la relación con Moscú es «extremadamente compleja», sino que la UE reconoce que ese país «es y será un socio muy importante» en materia energética.

Pero el comisario Arias Cañete resaltó que si bien tras las crisis del gas de 2006 y 2009, que dejaron sin calefacción a millones de personas en invierno, la UE decidió que eso no podía repetirse, la realidad es que las pruebas de resistencia realizadas en 2014 «mostraron que aún somos demasiado vulnerables ante interrupciones prolongadas del suministro».

Ahora, la Comisión ha propuesto que sea obligatorio para los Veintiocho remitirle antes de su firma los acuerdos intergubernamentales esenciales para la seguridad del suministro de gas que pretenden negociar o enmendar con países terceros, así como la notificación automática de ciertos contratos comerciales.

«Los acuerdos comerciales no son lo suficientemente transparentes para permitir tomar medidas preventivas» en caso de un incumplimiento que amenace el suministro, afirmó el comisario de Energía. Por ello la Comisión pretende ser «notificada automáticamente» de contratos comerciales de más de un año de duración si la cuota de mercado es lo suficientemente importante para ser relevante para la seguridad del suministro de gas, explicó Arias Cañete. El Ejecutivo comunitario considera que el umbral adecuado es un 40% de cuota.

La CE no quiere «husmear en contratos comerciales, no se trata de controlar los precios o hacer cambios en contratos privados. Se trata de tener una mayor transparencia sobre la situación de la seguridad del suministro en una región dada», a fin de identificar casos en los que los análisis de riesgo o prevención deben ser actualizados o adaptados, agregó el comisario español, según recogió la agencia Efe. Y puso el énfasis en señalar que Bruselas ha observado en los últimos años que «las políticas nacionales no siempre tienen en cuenta la situación de la seguridad del suministro de sus vecinos» y que la UE no siempre evalúa adecuadamente los riesgos externos. El objetivo es que los estados no firmen contratos sin el plácet de la Comisión Europea.