La Esperanza, la ciudad hondureña donde nació hace 45 años Berta Cáceres y en donde inició su lucha en defensa de los recursos naturales y las comunidades indígenas y contra los proyectos hidroeléctricos y mineros en sus tierras, dio ayer un conmovedor adiós a la líder indígena muerta a tiros el jueves, mientras su familia exige justicia y castigo para los culpables.

«Justicia, justicia», coreaban miles de personas en sus estrechas calles, en su mayoría campesinos y mujeres llegados desde poblados y comunidades en montañas, pero también representantes de organizaciones de Brasil, Estados Unidos, Suiza, México y Centroamérica.

La lenta salida del féretro desde su casa fue la antesala a una impactante caravana popular hasta la ermita lenca La Gruta, encabezada por su madre y sus hijos, Olivia, Berta, Laura y Salvador, quienes reclamaron justicia. «Quiero pedir que se haga justicia y que este crimen horrendo no quede en la impunidad», dijo la madre de Berta Cáceres en una rueda de prensa, acompañada por sus nietos.

En el mismo sentido, se expresaron sus cuatro hijos, que consideran que la muerte de su madre es «un crimen político» y destacaron que ella es «su mayor inspiración» para seguir defendiendo los recursos naturales y al pueblo lenca.

Los hijos de Cáceres exigieron que el Centro Internacional de Investigaciones Biológicas integre el equipo de investigación . «Sabemos con certera claridad que los motivos de su vil asesinato fueron su resistencia y su lucha en contra la explotación de los bienes comunes de la naturaleza y en defensa del pueblo lenca», subrayaron. Enfatizaron que su muerte es «un intento de acabar con la lucha del pueblo lenca en contra de toda forma de explotación y despojo, y un intento por cortar la construcción de un nuevo mundo».

os cuatro responsabilizaron del crimen a la empresa DESA-SINOHYDRO, de capital hondureño y chino, que pretende desarrollar el proyecto hidroeléc- trico «Agua Zarca» en la comunidad de Río Blanco, departamento occidental de Intibucá.

«Pedimos que se esclarezcan las responsabilidades de esta empresa que desarrolla este proyecto; Responsabilizamos a la empresa DESA, y a los organismos financiadores» del proyecto, señalaron los jóvenes.

También culparon al Estado de Honduras por «haber obstaculizado en gran medida la protección» de su madre y por propiciar su «persecución, crimina- lización y asesinato» al proteger los interés de la empresa.

El crimen contra la dirigente ambientalista ha conmocionado a la sociedad hondureña, que de nuevo exige el cese de la violencia que a diario cobra la vida de unas 13 personas en el país.