Un exalcalde ingresó en prisión la pasada semana, y no se trata de Rita Barberà, que sigue jugando al avestruz mientras el cerco judicial sobre ella se estrecha. Se trata de Marcel Surià, exalcalde de la pequeña localidad barcelonesa de Santa Fe del Penedès, que el pasado lunes ingresó en la cárcel de Can Brians para cumplir una condena de dos años y tres meses. La razón, sin embargo, no es la corrupción, sino haber expedido falsos certificados de empadronamiento a migrantes en situación irregular.

Recapitulemos. En abril de 2009, una operación de la Policía española desmontó lo que rápidamente fue presentado como una red de inmigración ilegal, en la cual estaría implicado el exalcalde, imputado en grado de colaborador por, supuestamente, vender documentos a dicha red. El esquema de la trama tenía como eje un locutorio de Vilafranca del Penedès, cuyo dueño se encargaba de traer a personas sin papeles de Algeciras a la comarca catalana, donde les proporcionaba, a cambio de importantes sumas de dinero, los certificados de empadronamiento que luego Surià firmaba.

El relato que el entonces alcalde (dejó el cargo de inmediato) ha mantenido en todo momento, sin embargo, difiere notablemente de la primera versión policial, ya que Surià ha defendido siempre que lo hizo por motivos estrictamente «humanitarios». El relato de la defensa siempre pasó por explicar que el acusado expidió algunos informes de empadronamiento después de recibir los ruegos de personas en situación irregular, que para trabajar necesitaban acreditar su domicilio en la localidad. Todo en el contexto laboral del Penedès, comarca vinícola por excelencia, donde el trabajo de temporero recae en gran medida sobre la población migrante, en condiciones laborales muchas veces cuestionables. «Las personas que acudían a mí lo hacían con grandes desgracias, necesitaban ayuda», explicó a “La Vanguardia” poco antes de entrar definitivamente en la cárcel.

En declaraciones a GARA, el abogado de Surià, Jesus Santín, reafirma el relato y explica que llegó un momento en el que el alcalde dejó de firmar los certificados «porque empezó a llegar mucha gente, lo cual le hizo sospechar». Poco después llegó la operación policial y entonces supo que el dueño del locutorio de Vilafranca le enviaba aquellas personas a Santa Fe sabiendo que el alcalde firmaría los papeles.

Sin pruebas de lucro

Las explicaciones de Surià no le evitaron pasar por el banquillo de los acusados. Tampoco el hecho de haber reconocido desde el principio haber firmado los certificados, ni haber colaborado en todo momento con los investigadores. Y eso que el mismo juicio sirvió para hacer bueno su relato. «No se encontró ninguna prueba de que Surià conociese la trama, ni mucho menos de que se hubiese lucrado gracias a ella», explica Santín. De hecho, el cargo de colaboración fue rápidamente desechado, quedando solo el de falsedad en documento oficial, por el que fue finalmente condenado en 2014, «sin que haya quedado acreditado que se recibiera contraprestación económica alguna», según la propia sentencia judicial.

«El problema es que este delito tiene una pena mínima de tres años», sigue Santín, que explica que la Audiencia de Barcelona le aplicó un atenuante de dilación indebida para dejar la sentencia en dos años de prisión y una multa. «Es evidente que la Audiencia pensaba que no debía entrar en prisión», asegura el letrado, que califica de «sorpresa» el hecho de que la Fiscalía recurriese la sentencia ante el Tribunal Supremo (TS) por una cuestión de forma. Fue el TS el que, hace un año, elevó la pena de Surià a dos años y tres meses, lo que obligaba al ingreso en prisión pese a que el afectado no tenía antecedentes.

Arrancó entonces la carrera por el indulto, en cuya petición Surià explicó: «Nunca percibí ningún tipo de cantidad por dicha actuación. Acudían al Ayuntamiento personas que me relataban auténticos dramas y yo, conmovido por la situación, pensé erróneamente que podía ayudarles emitiendo un informe de residencia que les ayudara. En definitiva, actué estrictamente por razones humanitarias». De poco sirvieron los ruegos del exalcalde, que el pasado 11 de febrero recibió la notificación oficial de la decisión que el Gobierno español, ya en funciones, tomó el 27 de diciembre, tan solo una semana después de las elecciones estatales y con la carpeta catalana en plena ebullición, según apunta Santín, que recuerda la filiación nacionalista de su cliente, militante de Convergència Democràtica de Catalunya. De hecho, aunque CDC no ha dicho nada en los últimos días sobre el caso, la Associació Catalana de Municipis (ACM), más o menos controlada por los convergentes, hizo pública «su queja» por la denegación del indulto y calificó de «incomprensible» la condena impuesta finalmente por el Supremo.

Incomprensible o no, lo cierto es que Surià lleva ya una semana entre rejas, a la espera de que le concedan cuanto antes el tercer grado. «Tengo la esperanza de que todo se acabe pronto», aseguró el mismo día de su ingreso en prisión en una entrevista radiofónica en la que mantuvo su relato: «Desde el primer día asumí la responsabilidad de haber hecho unos informes con toda la buena fe, para ayudar a personas que tenían un drama familiar, personal y económico. Eran inmigrantes que habían estado trabajando en el pueblo».