«Todos los aquí presentes tenemos un familiar muerto por motivación política», anunció ayer Aitziber Berroeta, hija de Ángel, a quien mató un policía y su hijo tras el 11-M. A su alrededor había familiares de Mikel Arregi, Rafael Delas, José Luis Cano, Josu Zabala, Mikel Castillo, Unai Salanueva, Ángel Gurbindo, Mikel Zabalza, Sara Fernández y Germán Rodríguez (en la preparación del acto estuvieron también allegados de Mikel Iribarren). La presencia de tantas personas que han sufrido tanto resultaba imponente.

«Hemos vivido muchos años la muerte de nuestros familiares en silencio, abocados a la más absoluta exclusión oficial e institucional», denunciaron. Ahora han decidido romper ese silencio debido al recurso del Estado a la nueva ley navarra de víctimas que, por fin, les permitía llegar a ser reconocidos.

Estos familiares no son parte de ningún colectivo, pero se han unido para denunciar que a sus allegados «se les ha negado el derecho a la verdad y a la justicia, como también se les ha negado a otras muchas personas que, aunque no han fallecido, también han sufrido vulneraciones de derechos fundamentales». Según afirmaron, la ley aprobada en Nafarroa por primera vez les brindaba «la posibilidad de que todos los casos salieran a la luz, pudieran ser relatados y admitidos como fueron, como verdaderos».

De este modo, todas estas familias confiaban en poder superar la etapa en la que les quisieron hacer creer que los suyos «podían haber sido merecedores e incluso culpables de lo que les ocurrió». De hecho, manifestaron que la ley abría una puerta a que «el daño pudiera ser, de alguna manera, reparado».

Contra lo que dicta la ONU

Con el recurso interpuesto por el Estado, los familiares temen que se vuelva a la situación anterior y que el esfuerzo quede en papel mojado, pese a que lo ven contrario a la ley. «La interposición del recurso por parte del Gobierno central contra la ley, valiéndose de pretextos y subterfugios, supone de hecho actuar contra la Declaración de Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delitos y del Abuso del Poder realizado por la ONU», aseguraron.

Todas estas personas sostuvieron que, tras el cambio de gobierno en Nafarroa, se comenzaba a andar «por la senda del reconocimiento y reparación de todas las víctimas, sin exclusión» y, de hecho, se felicitaron por los «pasos concretos» que se han dado en ese camino.

Su decisión de salir a la luz es para empujar en esa dirección, ya que tienen miedo de que, tras el recurso de Madrid ante el TC, el cambio dado en Nafarroa «se quede en meras palabras y declaraciones de intenciones». Por eso, creen que es hora de defender los principios de la ley aprobada con más «compromisos». En este sentido, ellos mostraron su determinación a colaborar con el Gobierno navarro.

Asimismo, los familiares anunciaron que van a acudir mañana al Parlamento porque va a comparecer el director general de Paz, Convivencia y Derechos Humanos, Álvaro Baraibar, para exponer sus líneas de actuación. Posteriormente, ellos valorarán el contenido de lo manifestado por Baraibar.