Amnistía Internacional (AI) y otras ONG han criticado la investigación de la muerte de la prestigiosa activista ambiental Berta Cáceres en Honduras y han pedido la actuación de expertos extranjeros para garantizar la independencia del caso.

Seis días después, la Policía aún no ha presentado una hipótesis oficial y aún contempla la posibilidad de un crimen común pese a la indignación de su familia y ami- gos, que creen que su muerte está relacionada con su oposición a emblemáticos proyectos hidroeléctricos y mineros.

«Amnistía Internacional requiere que esta investigación sea acompañada por expertos foren- ses independientes y por una comisión internacional que garantice la imparcialidad», dijo Erika Guevara, directora de AI Américas, en rueda de prensa con ONG locales.

El caso desató una oleada de indignación en el país y la comunidad internacional, que reconoció a Cáceres con el premio ecologista Goldman en 2015 por su lucha para detener la construcción de una presa que amenazaba con desplazar cientos de indígenas lenca.

«No confiamos en las investigaciones del Gobierno y sus cuerpos de seguridad. Son los funcionarios que otorgaron las concesiones para la construcción de la represa contra la que luchaba mi mamá», señaló a Reuters Olivia Zúñiga, una de las hijas de Cáceres.

La Policía liberó a un ex compañero sentimental y de trabajo de Cáceres, que era el único detenido.

«Sabemos que la justicia de este país está cobijada por la corrupción y vendida al sistema», denunció Asunción Martínez, del Copihn, organización que lideraba Cáceres y que pidió la intervención de la CIDH.