El abogado José Iribas es directivo de la Universidad Internacional de la Rioja (UNIR) desde noviembre, según reconoce el propio político en sus perfiles de internet. El exconsejero navarro de Educación, sin embargo, todavía sigue cobrando un sueldo del erario público de más de 5.000 euros netos al mes. Sumado ese salario a los pagos a la Seguridad Social, etc., Iribas supone una carga mensual a las arcas públicas 6.021,48 euros mensuales. La ley navarra es muy clara en cuanto a este extremo: no se pueden cobrar cesantías si se percibe una retribución por «cualquier puesto de trabajo» o se tienen «ingresos procedentes de cualquier actividad profesional o mercantil».

Concretamente, Iribas es director del área de Expansión Académica de esta universidad a distancia, que es privada y está muy relacionada con el Opus Dei. Buena parte del claustro de la UNIR es numerario y, últimamente, sirve de retiro a veteranos profesores de la Universidad de Navarra cuando se jubilan. A día de hoy, figura al frente del consejo de administración del centro Carlos Mayor Oreja, hermano del exministro del Interior, que hace poco participaba del consejo de la empresa de seguridad y escoltas Securitec, junto con el tercer hermano, José María. La UNIR ha tenido otros escándalos de puertas giratorias, siendo el más llamativo su fichaje del exministro Alberto Ruiz-Gallardón

El nuevo trabajo de Iribas choca, en principio, con varios preceptos de la ley navarra de incompatibilidades que EH Bildu y Podemos quieren hacer aún más estricta y que afecta a quienes perciben cesantías del Gobierno. En su redacción actual, esta ley dice que los altos cargos «no podrán realizar actividades privadas relacionadas con expedientes sobre los que hayan dictado resolución en el ejercicio del cargo».

Se da la circunstancia de que el Departamento de Educación navarro llegó a acuerdos con la UNIR en 2013 para certificar las prácticas de los alumnos en centros privados navarros. Si bien existen acuerdos similares con otras universidades, la UNIR es uno de las pocos centros a distancia que lo ha conseguido y es el que más titulaciones ha acordado certificar.

Bajo ningún concepto

La ley deja meridianamente claro que el consejero no puede percibir ingresos extra mientras cobra cesantías. «Las retribuciones por el desempeño de cualquier puesto de trabajo, tanto en el sector público como en el privado» están prohibidas. Y lo mismo ocurre con «los ingresos procedentes de cualquier actividad profesional o mercantil». En este punto, la actividad de Iribas como directivo es notoria y no testimonial, como se evidencia en la firma del contrato entre la UNIR y Thomson Reuters este mismo mes.

También resulta llamativo el hecho de que Iribas sea abogado de formación y que su única vinculación con el mundo de la enseñanza haya sido como político, principalmente, durante estos últimos cuatro años como consejero, a los que habría que añadir una legislatura como concejal delegado de Educación en Iruñea. Cabe recordar que Iribas, junto con Juan Luis Sánchez de Muniáin, formaban parte del equipo de confianza de Yolanda Barcina y la expresidenta se los llevó consigo cuando dio el salto del Ayuntamiento al Gobierno.

Por otro lado, Iribas sí que ha sido vinculado con grupos religiosos. En una ocasión, llegó a negar públicamente su pertenencia al Opus Dei. Otras informaciones apuntan a que el exconsejero tiene muy estrechas relaciones con el movimiento Comunión y Liberación. También se relaciona con este grupo ultracatólico a la exconsejera de Educación de Madrid, Lucía Fígar, que dimitió por la Púnica.

De hecho, la pista de UNIR S.A. lleva hasta Madrid, concretamente a Alcobendas. La empresa matriz es Proeduca Summa y la figura clave es Miguel Arrufat. Este directivo también forma parte del patronato de la Fundación Ciudadanía y Valores (Funciva), donde Iribas también ha recalado en calidad de secretario. Siguiendo con la Ley de Incompatibilidades, el consejero no podría cobrar ningún tipo de dieta de esa fundación. El patronato de Funciva está presidido por Ruiz-Gallarón.