La crisis económica ha puesto contra las cuerdas a muchas familias vascas, a personas que tienen que comer, pagar la hipoteca y afrontar las facturas del gas o de la electricidad con sueldos que no superan los 700 u 800 euros mensuales. La pobreza ya no golpea solo a parados y a personas sin recursos. Hoy en día, la precariedad y el riesgo de exclusión social también afecta a los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) y a quienes cobran el salario mínimo interprofesional (SMI), fijado en 655 euros mensuales. Estos últimos se han convertido en «trabajadores pobres» que en muchas ocasiones se ven obligados a recurrir a entidades caritativas, como Berakah, un programa pastoral financiado por la Fundación Caja Vital que ha puesto en marcha el comedor social Zugaz, situado el número 85 de la calle Cuchillería, junto a la Catedral Santa María, en el corazón de Gasteiz.

Pero Zugaz no es una comedor social al uso. Allí no hay mesas ni sillas para poder sentarse y comer junto a otras personas. En Zugaz una decena de voluntarios y voluntarias realiza la entrega de los alimentos a los usuarios –entre 15 y 18 familias–, que después deben calentar la comida en su vivienda siguiendo las pautas establecidas por Berakah. «Les hemos dado un cursillo para evitar problemas», explica Mertxe de Renobales, una de las impulsoras de esta iniciativa solidaria. En total, reparten entre 50 y 60 raciones diarias a familias numerosas, a personas sin recursos y ancianos que no pueden sobrevivir con su pensión. «Estamos hablando de gente que sí tiene algún recurso pero no llegan a final de mes», señala.

Para poder acceder al comedor, estas personas se tienen que dirigir al Centro Betania, sede de Berakah, donde los trabajadores sociales realizan un estudio de su situación económica. «Y dependiendo de cómo estén les darán un vale para venir al comedor», explica antes de advertir de que la situación de las personas usuarias se revisa periódicamente. Los beneficiarios del comedor social acuden a por los alimentos entre las 16.30 y las 17.30. Deben llevar tres tarteras limpias para poder guardar los alimentos, cedidos por Ausolan. De Renobales hace hincapié en la respuesta de la empresa de catering: «Les presentamos la idea y les pareció muy bien, ya que, pese a estar en perfectas condiciones, los excedentes que producen no se pueden comercializar».

Los responsables de Zugaz, que cuentan con el asesoramiento del Ayuntamiento de Gasteiz y del Gobierno autonómico, firmaron un acuerdo con Ausolan y establecieron un protocolo de donación de esos excedentes y un protocolo de recogida y distribución, ambos supervisados por las autoridades sanitarias. También cuentan con un protocolo de trazabilidad para mantener un control sobre los alimentos, que se recogen tres veces por semana. En este sentido, De Renobales recuerda que Zugaz no es un restaurante ni una tienda, reparten lo que la empresa les da. «A veces tenemos dos primeros y a veces no», señala en alusión a los problemas que puede generar ofrecer cerdo, por ejemplo, a personas musulmanas.

Planes de futuro

Aunque Zugaz abrió sus puertas el pasado mes de febrero, los miembros de Berakah ya tienen planes de cara al futuro. «Queremos aumentar la capacidad del comedor, porque estamos convencidas de que tiene que haber más gente que pueda beneficiarse este servicio», indica, y reconoce que para poder crecer es necesario lograr el apoyo de otras empresas de catering que, al igual que Ausolan, estén dispuestas a ceder sus excedentes. Algo difícil, ya que a muchas sociedades mercantiles «les tira para atrás la responsabilidad civil en el caso de que pase algo». No obstante, Berakah trabaja con Urban Elika, un grupo interdisciplinar de la UPV-EHU, para evitar este problema.

De Renobales explica que, al recoger los alimentos de Ausolan, Berakah adquiere también la responsabilidad civil sobre los mismos. Una responsabilidad que posteriormente trasladan al usuario, que debe firmar un documento en el que se especifica que ha recogido los alimentos en buen estado y que sabe cómo se deben de tratar. «De esta manera quedan cubierta la responsabilidad civil, y se evitan problemas para el donante», subraya. Y recuerda que la donación de estos alimentos beneficia a todas las partes. Al fin y al cabo, tal como ella indica, es una forma de ayudar a las personas con menos recursos y de dar salida a unos alimentos que no pueden ser comercializados, aunque están en buenas condiciones y son aptos para el consumo. «Es una buena iniciativa, porque no se tiran alimentos», destaca.

De todos modos, y pese a alabar las virtudes de la iniciativa, ella reconoce que las administraciones publicas deberían trabajar para acabar con la exclusión social, financiando o impulsando programas dirigidos a personas sin recursos o aplicando medidas que hagan que estos no sean necesarios. «Todas las personas tienen derecho al alimento y las instituciones deberían garantizarlo», afirma antes de insistir en que ellos seguirán trabajando para cubrir las «carencias» del sistema. Y lo harán con la ayuda de voluntarios, que diariamente reparten alimentos y ayudas a quienes carecen de recursos suficientes. En el caso del comedor social Zugaz, los voluntarios son personas mayores, que están más cerca de los 80 años que de los 70, son «personas que tienen una gran dedicación», que acuden diariamente al comedor para repartir raciones de comida a sus vecinos y vecinas.