Sí, es cierto, hay pequeñas muestras de que el verbo dimitir existe en las prácticas de alguna parte de la ciudadanía. Siempre se dimite por cuestiones personales, pero las motivaciones puede ser de otra índole, aunque cristalicen en una imposibilidad personal de seguir comulgando con ruedas de corrupción. Si la dimisión se produce en la dirección de un ente público de televisión tras apenas cinco meses de su nombramiento, es difícil comprender lo personal en algo que tiene una trascendencia bastante importante y porque en el propio comunicado, Covadonga Fernández Martínez, la dimisionario hace una relación de las cuestiones que le han impulsado a tomar esa decisión que es que no se ha formado el Consejo de Administración del ente y que del mismo se ha excluido, al menos que se sepa, a UGT. Es decir, estamos ante un dimisión claramente política que manifiesta el malestar por el incumplimiento de las promesas de regeneración que el gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos del PP, con el apoyo de Ciudadanos.

Porque los entes públicos de radio y televisión, en todos los lugares donde tienen estructura propia, que se rigen por criterios de gestión y de conformación de sus consejos del siglo veinte, son un foco de manipulación e intoxicación, que cuesta quitar los tics de servilismo a la mayoría parlamentaria, que se han formado sus plantillas de maneras no siempre claras y transparentes y que han derrochado dinero de manera poco justificable. No hay modelo fiable en nuestro entorno donde fijarse. Siempre hay sospechas y motivos para sospechar. Es uno de los asuntos pendientes. No es fácil encontrar consensos ni acercarse al servicio público deseable. Insistimos en reclamar un cuestionamiento a la totalidad. ¿Son necesarios estos entes para algo más que el supuesto control mediático parcial?