Fracking Ez reclamó ayer a Lakua una «plan de acción» para hacer frente al recurso interpuesto por el Ejecutivo español contra la ley antifracking de la CAV. En concreto, solicita la presentación de un recurso contra la suspensión de la ley si así lo decreta el Tribunal Constitucional. «Queremos que se haga respetar lo decidido en el Parlamento», destacó el portavoz de la plataforma, Mikel Otero, quien advirtió de que el Gobierno autonómico cuenta con herramientas para hacer cumplir la ley antifracking, incluso aunque esta quede suspendida.

En una rueda de prensa ofrecida en Gasteiz, Otero afirmó que bastaría con que Lakua exigiera a Hidrocarburos de Euskadi (Shesa) que abandone los proyectos en los que participa. «Esta sería la mejor garantía para que no haya fracking en Euskadi, ya que en la coyuntura actual la mayor amenaza es Shesa», manifestó antes de pedir «coherencia» al PNV, que hace un par de semanas firmó en el Congreso una iniciativa en la que se insta al Ejecutivo español a prohibir el uso de la fracturación hidráulica.

Otero también criticó la «poca seriedad» del PP, que apoyó la ley antifracking en la Cámara de Gasteiz «y ahora en Madrid la recurre a través de un Gobierno en funciones con dudosa legitimidad para tomar esta importante decisión». «Este recurso es una verdadera burla a la voluntad y a la soberanía popular, ya que es preciso subrayar que la ley recurrida estaba redactada atendiendo al ámbito competencial vasco y provenía de una Iniciativa Legislativa Popular respaldada por más de 100.000 firmas», añadió.

Por su parte, Natalia Rojo preguntó ayer al Gabinete de Iñigo Urkullu qué hará para impedir la suspensión de la norma. La parlamentaria del PSE quiere saber cuántas veces se ha reunido la Comisión Bilateral para tratar el tema, qué argumentos ha esgrimido el Ejecutivo en dicho foro, y qué alegaciones piensa presentar ante el Tribunal Constitucional para defender la vigencia de la ley antifracking.