Adolfo Jiménez y Charo Brinquis, integrantes de URA, reconnocieron que en Erribera existen problemas de calidad en el agua de boca y en el el regadío, especialmente cuando se toma del Ebro o de canales que surgen de este río, pero sostuvieron que la segunda fase del Canal de Navarra no es la solución, ya que el proyecto nació ya con su viabilidad cuestionada en 1982 y en 2011 se paralizó por problemas financieros. «El Gobierno navarro era consciente de la inviabilidad del Canal, pero solo lo reconocía en privado», apuntó Jiménez. Asimismo, criticó que con el Canal se han levantado en esa comarca expectativas que no se podían cumplir mientras se abandonaban otras alternativas para garantizar agua de calidad a un coste menor, como el suministro desde el Ferial

Brinquis estimó «de manera conservadora» que los costes del Canal de Navarra son 3.000 millones de euros, en un periodo de 30 años. De esta cantidad, el Estado español debe aportar 900 millones, el Gobierno navarro 1.300 millones y los usuarios (mancomunidades y regantes) 800 millones, aunque este último apartado está a la baja, lo que incrementa aun más la aportación del Ejecutivo. Al respecto, alertó de que sufragar estos gastos supone un descenso de los presupuestos de Agricultura, como ha admitido incluso UAGN, ferviente defensor de la macroinfraestructura. Asimismo, advirtió de que la extensión del regadío supondría aumentar la aportación del Gobierno por el peaje en la sombra.

Jiménez, por su parte, tras reconocer que la calidad del agua no es la deseable, subrayó que el consumo es desproporcionado en Erribera, casi triplicando el de Iruñerria y por encima de lo recomendado por la propia Confederación Hidrográfica del Ebro. También puso en cuestión la demanda de nuevos regadíos y defendió una mejor gestión de los existentes. El portavoz de URA expuso cinco alternativas para mejorar el suministro de agua en Erribera: el proyecto de segunda fase del Canal de Navarra; la toma del Ebro; la toma del Canal de Lodosa; un nuevo proyecto de tubería desde el Canal de Navarra en Pitillas; y la denominada alternativa cero, que se basa en la mejora de la gestión de las actuales infraestructuras. Las cuatro primeras las rechazó por su elevado coste y ha apostó por la última.

El Gobierno navarro ha decretado una moratoria sobre esta obra para analizar su viabilidad y las posibles alternativas.