Cinco militantes independentistas vascos no regresarán a prisión después de llegar a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía antes de comenzar la vista oral en su contra. Jon Patxi Arratibel, Iñigo González, Gorka Mayo, Iker Moreno y Gorka Zabala, imputados en el sumario 4/2014, se enfrentaban a una petición del Ministerio Público de ocho años de cárcel. Fueron arrestados el 18 de enero de 2011, acusados de formar parte de la dirección de Ekin y cuatro de ellos (todos salvo Gorka Mayo) denunciaron haber sufrido brutales torturas que motivaron la condena del Estado español en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. De hecho, el proceso ha sido conocido como «Aztnugal» debido a que Arratibel firmó así su declaración (laguntza al revés) para denunciar el tormento que padeció.

El acuerdo, similar al que ya suscribieron en enero los 35 militantes de la izquierda abertzale imputados por la redada de Segura, implica una condena de dos años por «integración en organización terrorista». La aplicación del artículo 579 bis 4 del nuevo Código Penal, que prevé imponer la pena inferior en uno o dos grados cuando el hecho sea de menor gravedad y no exista violencia, permite la reducción de la pena hasta los dos años de prisión. Además, el fiscal José Perals instó a la suspensión del período que todavía quedaría por cumplir a cada uno, ya que tras su detención fueron encarcelados durante año y medio. De este modo, los cinco ciudadanos vascos eludirán volver a ser encarcelados por su actividad política.

Al igual que ocurrió con el sumario 4/2008, los militantes independentistas firmaron un texto en el que asumen «que su conducta fue contraria a las leyes del Estado español». Además, en el mismo documento muestran «su compromiso con la renuncia a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia, queriendo que este reconocimiento contribuya a la reparación a las víctimas del terrorismo por el sufrimiento que se les ha causado».

Básicamente, el pacto sigue, palabra por palabra, lo que ya suscribieron los miembros de la izquierda abertzale en enero. En este sentido, nada más conocerse que los militantes independentistas no volverían a prisión, Sortu emitió un comunicado en el que se felicitaba por el acuerdo y apuntaba a que el pacto «alcanzado en el juicio de Segura abrió un camino que viene a ensancharse con el acuerdo del juicio de Aztnugal». «Nuestro deseo es que sirva para el resto de juicios políticos pendientes. No es tiempo de llenar las cárceles sino de vaciarlas», consideró la formación abertzale.

«En los tratos alcanzados tanto en el sumario ‘Aztnugal’ como en el de Segura se pone de manifiesto que los acuerdos entre diferentes para dar suficiencia a todas las partes pueden ser una herramienta adecuada para terminar con esos procedimientos judiciales de persecución política, así como para terminar con la aplicación de legislaciones de excepción y también en otros temas relacionados con la resolución del conflicto político vasco», resumió Sortu.

La redada que originó este sumario tuvo lugar el 18 de enero de 2011 por orden del juez de la Audiencia Nacional española Fernando Grande-Marlaska. Cuatro de los cinco denunciaron haber sufrido graves torturas como «golpes por todo el cuerpo, simulacros de violación» y de «aplicación de electrodos», así como amenazas contra sus allegados. Paradójicamente, al mismo tiempo en el que se firmaba el acuerdo, el magistrado responsable del estado de los detenidos durante el tiempo en el que estos fueron torturados (y que ha sido señalado incluso por el CPT) se encontraba en Bilbo impartiendo una clase sobre la Unión Europea como «espacio de justicia y libertad».

 

Gorka Mayo: «No vamos a olvidar que fuimos salvajemente torturados con total impunidad»

«No vamos a olvidar que la Guardia Civil nos torturó salvajemente y con total impunidad». Gorka Mayo, en representación también de Jon Patxi Arratibel, Iñigo González, Gorka Mayo e Iker Moreno, valoró positivamente el acuerdo nada más abandonar la Audiencia Nacional española, pero quiso denunciar el papel del tribunal de excepción en la persecución de la actividad política del independentismo vasco y su connivencia con los malos tratos. Arropados por familiares y amigos, que se habían desplazado desde diversas localidades de Nafarroa, todos mostraron su satisfacción por no ser condenados por militancia política, pero insistieron en reivindicar el «fin de las políticas de excepción».

La de ayer era una primera valoración de urgencia, ya que realizarán otra más extensa este mismo sábado en Iruñea. Sin embargo, Mayo aprovechó su presencia en Madrid para recordar que la Audiencia Nacional es la institución que se ha utilizado para vulnerar los derechos de los independentistas vascos. «Sigue siendo el tribunal que ha aplicado la ilegalización, el que lleva a cabo el derecho penal del enemigo y el que ampara la tortura», argumentó. Por eso, como primera reclamación, instó al Estado español a «poner fin a las leyes de excepción».

La denuncia de la tortura ha tenido un papel predominante durante los meses previos al inicio de la vista oral. De hecho, imputados en este sumario han sido escuchados y han recibido el apoyo de diversas instituciones vascas. En esta misma línea, Mayo recordó que tras ser detenidos por la Guardia Civil «nos torturaron con total impunidad». «Y eso ocurrió porque la Audiencia Nacional no le puso remedio», afirmó.

No tenía difícil Mayo encontrar argumentos para sustentar su denuncia. No se puede olvidar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos condenó en mayo de 2015 al Estado español por no investigar las torturas a Patxi Arratibel. Según la sentencia, pese a que el ciudadano vasco denunció el tormento, las autoridades españolas no trataron de averiguar qué había ocurrido «ni a fondo» ni de forma «efectiva». No fue solo Estrasburgo el que dio un palo a Madrid. El Comité europeo de Prevención contra la Tortura (CPT) emitió un informe en 2013 en el que dio credibilidad a las denuncias formuladas por los ciudadanos vascos. «La delegación recibió alegaciones creíbles y consistentes de malos tratos», señalaba la institución comunitaria después de visitarles en prisión. Mayo instó, por ello, a Madrid a poner fin a los tormentos en comisaría y reclamó el reconocimiento de que se ha tratado de una práctica «sistemática». «Es el momento de que admitan su responsabilidad en la tortura, de pasar del reconocimiento a la reparación», reivindicó, para remarcar que el hecho de haber llegado a un acuerdo no impide que la iniciativa «Aztnugal» no siga denunciando la impunidad con la que se ha practicado la tortura. «Vamos a seguir para que el sufrimiento que padecimos no quede en nada», cerró.A.P.

 

Las acusaciones populares dificultan el pacto para el juico previsto para mayo

El segundo acuerdo para un juicio político en los últimos cuatro meses, después del pacto de Segura, apuntó también hacia el próximo procedimiento, el sumario 8/2013, previsto para mayo. En él, otros nueve ciudadanos vascos se enfrentan a una petición fiscal de ocho años de cárcel por «integración en organización terrorista». Según avanzaron los imputados a través de la cuenta de Twitter de la campaña «Basque Lives Matter», la «cerrazón» de las acusaciones populares, que ejercen la AVT y Dignidad y Justicia, está dificultando que se pueda lograr un pacto similar.A.P.