El juez que instruye el «caso Bidegi» ha impuesto una fianza de 100.000 euros a Gidari, la asociación ciudadana formada en febrero con el objetivo de personarse como acusación popular y esclarecer los presuntos casos de corrupción en el seno de la empresa pública. Concretamente, se trata de sendas fianzas de 50.000 por las dos querellas llevadas a los tribunales por la anterior Diputación de Gipuzkoa. Sin el pago de las mismas, la personación de Gidari como acusación popular sigue bloqueada. La asociación ofrecerá hoy, a las 11.00 en Donostia, una rueda de prensa para dar cuenta de los pasos que dará en adelante.

«Habiéndose permitido la personación de la acusación particular, a tenor de las circunstancias concurrentes en el presente supuesto, los delitos que se van a investigar y la relevancia pública y social de las diferentes partes personadas en el procedimiento, debe exigirse una fianza razonable y proporcional para eliminar cualquier tipo de duda o sospecha respecto a una actuación abusiva o irrazonable», explica el juez Borja Antolín Herreros en dos autos, que pueden ser recurridos en apelación ante la Audiencia de Gipuzkoa.

El juez aclara que, con este fin, ha tenido en cuenta «posibilidades de prosperabilidad» de las querellas, la «verosimilitud» de los hechos en los que se fundan, «su relevancia penal y el grado de posibilidad de participación culpable, así como el interés directo o colateral que puede tener el acusador popular para intervenir en el procedimiento».

Otras fianzas de 80.000 euros

Paralelamente a Gidari, la petición de cuatro junteros de EH Bildu para personarse también como acusación popular sigue su curso, aunque igualmente la tramitación está bloqueada porque el juez ha pedido una fianza de 30.000 euros y otra de 50.000 euros por la primera y la segunda querella, respectivamente. Ambas fueron recurridas. El juez ha corroborado la fianza de los 50.000; sobre la de 30.000 euros aún no se ha pronunciado. El magistrado justifica en este caso la imposición de la citada fianza a los junteros por el «evidente trasfondo político» del caso.