El Ministerio del Interior en funciones se ha fijado como prioridad negar cualquier atisbo de torturas a detenidos vascos, y en este empeño igual detiene a personas por pintar un mural que reclama castigos para un juez de la Audiencia Nacional. El señalado ahora es el magistrado José Ricardo de Prada, que en una elocuente charla el pasado jueves en Tolosa, de la que dio cuenta GARA al día siguiente, admitió la existencia de maltratos y reconoció la falta de respuesta judicial.

Lejos de interesarse por esa denuncia, el ministro maniobra para taparla. Y para ello apela al Consejo General del Poder Judicial a que «tome alguna medida» contra De Prada porque «esa es una declaración ofensiva». «Creo que hay motivos para que como mínimo se estudie hasta qué punto una persona que hace esas acusaciones puede tener responsabilidades tan importantes como las de un juez de la AN», añadió el ministro, que citó incluso a continuación el tipo delictivo de «apología del terrorismo».

«Han sido centenares los policías y los guardias civiles que han caído asesinados por los terroristas como para que ahora pongan el acento y se acuse a España de que se ha practicado la tortura de manera clara», añadió Fernández Díaz, que ve las declaraciones «infames».

«Evidente y patente» tortura

De Prada intervino el jueves en una mesa redonda sobre la respuesta de la Justicia española ante ETA, en el Ayuntamiento de Tolosa y convocada por el foro local por la convivencia. Junto a él estaban la catedrática Carmen Lamarca y el abogado Iñigo Iruin, además de la jueza Garbiñe Biurrun que ejerció de moderadora. De Prada hizo una contundente y extensa crítica de la actuación de los tribunales españoles en las distintas fases del proceso. Entre otras cosas, recordó que «la ley establece una derogación de derechos fundamentales tanto en la detención como en las posibilidades de comunicación con otras personas y de ser asistidos por sus propios letrados. Estas situaciones de detención ampliada y de incomunicación y de imposibilidad de ser asistidos por sus propios letrados es un caldo de cultivo tremendo para que estas personas puedan ser obligadas a no declarar voluntaria sino forzadamente, a lo que podríamos decir que es la tortura. Y lamentablemente el fenómeno de la tortura yo no voy a decir que sea un tema generalizado, pero aunque sea de forma episódica se ha producido y se ha producido de una manera clara».

Añadió a ello que «desde luego yo, en mi experiencia profesional, he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura, o por lo menos en muchos casos de sospecha fuerte de tortura. Lamentablemente la respuesta que se ha dado desde los tribunales no ha sido la adecuada ni la acorde con un Estado democrático y de derecho. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos ha tenido que corregir en seis ocasiones precisamente porque los jueces no hemos sabido investigar su existencia».

GARA y ‘‘Berria’’&flexSpace;fueron los únicos medios que dieron cuenta de estas palabras. Pero ayer, seis días después, ‘‘Abc’’&flexSpace;recogió la información de GARA con tintes de escándalo, desencadenando la irrupción del ministro y de sindicatos policiales. Fernández Díaz mostró poco conocimiento del asunto al situar estas palabras como «declaraciones a GARA» cuando se trataba de una charla pública y abierta. Añadió que son afirmaciones «indignas, propias del diario GARA, pero indignas para una persona que ostenta una responsabilidad como la de juez, además de la AN».

 

La frase

«No voy a decir que sea un tema generalizado, pero aunque sea de forma episódica la tortura se ha producido y se ha producido de una manera clara. Y desde luego yo, en mi experiencia profesional, he tenido muchos casos de evidente y patente existencia de situaciones de tortura, o por lo menos en muchos casos de sospecha fuerte de tortura»

J. RICARDO DE PRADA

Juez de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional

 

Una marcha el sábado en Burlata exigirá que se acabe con esta lacra para siempre

«Las amenazas y las detenciones no nos van a parar. Vamos a seguir denunciando que fuimos torturados salvajemente y con total impunidad», anunciaron ayer los cinco imputados del «caso aztnugaL» al día siguiente del operativo policial contra ocho vecinos de Burlata por pintar un mural contra la tortura.

Gorka Mayo, en nombre de sus compañeros, recordó que de los seis detenidos por la Guardia Civil en enero de 2011 cinco denunciaron haber sido objeto de torturas. Todos ellos firmaron declaraciones policiales autoinculpatorias o que incriminaban a otras personas. El único detenido que no denunció torturas fue el único que no firmó ninguna declaración policial.

Junto a ello, Mayo recordó que las denuncias que presentaron fueron rápidamente archivadas, pero que en el caso de Jon Patxi Arratibel el Tribunal de Estrasburgo condenó al Estado español por no investigar la denuncia de torturas. Asimismo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) avaló sus testimonios dándoles credibilidad. «¿Estas instancias están también injuriando a las FSE? Y en ese caso, ¿serán perseguidas, detenidas y humilladas?», preguntó, antes de recordar las palabras del juez de la Audiencia Nacional José Ricardo de Prada.

En esta línea, han convocado una manifestación contra la tortura el sábado en Burlata (13.00, Plaza del Ayuntamiento). En la movilización se utilizará el manifiesto que presentaron la pasada semana y que tenía el apoyo de personalidades de ideología diversa del Estado español. En el mismo se insta al Estado español a derogar la incomunicación y a cumplir la Convención contra la Tortura de la ONU. Además, llamaron a seguir pintando murales.Martxelo DÍAZ

 

El Ayuntamiento rechaza los arrestos y los ataques al cambio

El Pleno municipal de Burlata apoyó ayer con los votos de Cambiando Burlada-Burlata Aldatuz (5), EH Bildu (5) e IU-E (1) una declaración en la que se rechazan las detenciones del martes y los ataques que desde la Delegación del Gobierno español se lanzan contra los ayuntamientos del cambio en Nafarroa. UPN (4) votó en contra y el PSN (2) no acudió al Pleno.

La declaración denuncia las detenciones de ocho vecinos por pintar un mural contra la tortura –el alcalde, Txema Noval, también tuvo que declarar ante la Policía– y lo califica de «grave ataque a los derechos y libertades de vecinas y vecinos de Burlada». Asimismo, se considera un «despropósito» calificar de injurias una denuncia contra la tortura.

Asimismo, la declaración denuncia el ataque que viene sufriendo el Ayuntamiento de Burlata por parte de la Delegación del Gobierno español desde que el cambio llegó a este municipio de Iruñerria en junio de 2015. En este sentido, la moción aprobada recuerda que han sido acusados por incluir en el programa de fiestas un acto en recuerdo a los presos que llevaba años celebrándose, que fueron advertidos por colocar una bandera republicana el pasado 14 de abril y que han sido citados a declarar por el mural contra la tortura. Berta Arizkun (EH Bildu) destacó que actuaciones similares a las vividas en Burlata se han registrado en Berriozar, Goizueta, Tafalla o Irunberri.

Por ello, se exige el cese inmediato de las intromisiones de la Delegación del Gobierno en la actividad municipal y se convoca una concentración en la Plaza de las Eras mañana a las 18.00 con el lema “Basta de ataques a los ayuntamientos del cambio».

El portavoz de UPN, Juan Carlos González, justificó el rechazo de su grupo señalando que «hay muchas torturas en este mundo», acusando a EH Bildu de denunciar de manera sistemática esta práctica y subrayando que los detenidos el martes «pudieron ir a su casa a comer».M.D.