Duro cruce de acusaciones entre PNV y EH Bildu a raíz de una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), que condena a la empresa Aquarbe y al Consorcio de Aguas de Busturialdea por el despido «no ajustado a derecho» de 17 trabajadores subcontratados al crearse una bolsa de trabajo para la gestión pública del abastecimiento y saneamiento. Técnicos y asesores jurídicos aconsejaron recurrirla ante el Supremo, pero la actual dirección de la entidad, en manos de los jeltzales, acordó no hacerlo y se plantea «pedir daños y perjuicios» a los anteriores gestores.

Cargos públicos de EH Bildu comparecieron ayer en Bermeo para efectuar una lectura crítica de esa decisión. El acatar la sentencia supone, en su opinión, que se asume un cambio de doctrina, reconociendo la subrogación del personal sin que se abra un proceso público de contratación. Los trabajadores afectados no habían participado en ningún proceso de esas características mientras el PNV controló el Consorcio.

Benito Ibarrolaza e Iratxe Arriola manifestaron que la decisión de los jeltzales es «injustificable e indefendible», y puede acarrear graves consecuencias, provocando un desequilibrio en la situación financiera que en el anterior mandato habían resuelto. Estiman que el PNV busca que la entidad se vea obligada a integrarse en el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia, cuando ellos han probado que el servicio mejora con una gestión pública desde Busturialdea.

Proceso lleno de obstáculos

Arriola, que presidió el Consorcio, señaló que el camino para la publificación estuvo llena de obstáculos, especialmente a raíz de que convocasen un proceso selectivo para crear una bolsa de trabajo. ELA lo recurrió y entonces los servicios jurídicos de la Diputación vizcaina determinaron que no había una obligación de subrogación.

También el PNV lo hizo y la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi dictaminó que se había actuado de forma correcta. La empresa Aquarbe recurrió la creación de la bolsa de trabajo y la Sala Tercera del Tribunal Administrativo sentenció que no estaba legitimada para ello. El único fallo favorable ha sido el del TSJPV, contra la jurisprudencia en la materia, por lo que, según EH Bildu, no cabía otra vía que la presentación del recurso de apelación en el Tribunal Supremo, algo que desestimó la actual dirección pues la resolución viene bien a sus planes.