Algunos alumnos y alumnas de Derecho del campus de Ibaeta que el jueves se acercaron a la charla de los abogados Iñigo Iruin y Amaia Izko ni siquiera habían nacido cuanto todo esto de los macrojuicios políticos empezó. Y todavía sigue. En la mesa, junto a dos expertos una cara conocida: Eneko Compains, profesor de Derecho en la UPV que además es una de las nueve personas que el 17 de mayo se sentarán en la Audiencia Nacional en el último eslabón de esta cadena, por el sumario denominado 8/2013. Como en todos los anteriores, no hay imputaciones delictivas concretas ni mucho menos armas ni explosivos de por medio; y sin embargo, se les imputa «pertenencia» con peticiones de cárcel de nueve a doce años.

Tener que explicárselo a jóvenes estudiantes obliga a ir a las raíces y a esquematizar cómo se ha construido todo este sistema. Nadie más autorizado que Iruin para ello; estaba tanto en el juicio del Supremo a toda la Mesa Nacional de HB en 1997, una «causa general» que considera precedente inmediato de esta estrategia, como en el 18/98, el icono, con «hasta 200 personas imputadas o mencionadas en el proceso con candidatura a imputación, clausura y suspensión de empresas, centenares y centenares de tomos...».

Iruin explica cómo se construyó el sistema de macroprocesos, a partir de una «mutación» continua que fue sumando elementos excepcionales: las acusaciones cada vez se vuelven más indeterminadas, los «elementos subjetivos» se multiplican, se pasa de perseguir a personas por un acto a perseguirlas por su finalidad, la investigación no se centra en el hecho sino en la persona, el delito no se confirma con pruebas sino con valoraciones, se impone la «prueba pericial de inteligencia», la realidad de ETA se distorsiona con un relato historiográfico falso, el delito de «colaboración» desaparece casi para tipificarlo todo como «integración»... Así se llega primero al «Derecho Penal de Autor» y luego al «Derecho Penal del Enemigo. Y el paradigma de enemigo para el Estado es el terrorista...», recuerda Iñigo Iruin.

Jueces «en combate»

En paralelo, la fase de instrucción cobra total preponderancia sobre la de enjuiciamiento, que debería ser la clave. Y en la instrucción, obviamente «la Policía incrementa su poder y el juez se queda en un papel subordinado, burocrático. Y para la Policía la prioridad es el resultado, actúa con la lógica de la eficacia, no con la de las garantías».

Esto no implica –sigue detallando en el aula el abogado– que los magistrados no sean responsables. Trae a colación cómo en 2004, al tomar el cargo, el jefe de lo Penal de la AN, Javier Gómez Bermúdez, definió su función como «‘lucha jurídica contra el terrorismo’. Eso es muy preocupante, porque ese término de ‘lucha’ expresa toda una filosofía». También por aquel entonces una recusación a Baltasar Garzón fue rechazada con el argumento de que era «uno de los azotes de la banda terrorista». Así pues, para los jueces especiales «el proceso penal se convierte en un momento de lucha, de combate». Ni siquiera se molestan en ocultarlo.

¿En qué se traduce toda esta filosofía de combate sin barreras contra «el terrorismo desarmado», casi dos décadas después? Izko lo explicita en el caso concreto de este 8/2013 que llegará a juicio en apenas diez días. Primero, en la investigación previa se producen «seguimientos e intervención de comunicaciones, tanto telefónicas como de correo electrónico», sin guardar los requisitos preceptivos de proporcionalidad, control judicial... Recuerda que solo entre 2008 y 2010 (cuando se produjo la redada en que se basa este juicio) se investigó de este modo a unas 200 personas: 120 han terminado imputadas, pero solo 37 condenadas y a penas menores (las 35 del proceso de Segura y las dos del herri harresi de Gasteiz).

Luego llega la detención, «incomunicada sin excepción» y que en este caso dio pie a «testimonios de maltrato escalofriantes». De ello ya se habló la semana pasada en esa misma facultad, así que Izko prefiere centrarse en un aspecto anexo: la actitud del juez, Fernando Grande-Marlaska. «Dictó la incomunicación y la prórroga posterior en autos estereotipados, les denegó el habeas corpus sin llevar a cabo una sola averiguación, rechazó el protocolo contra la tortura (ni fueron grabados ni asistidos por un médico de confianza junto al forense) y rechazó incluso la intervención del Ararteko, diciendo que él era el único garante de los detenidos». En este caso se suma que uno de los abogados de oficio trasladó al juez que los arrestados le decían que estaban siendo maltratados y que él lo creía porque las declaraciones policiales parecían forzadas, eran calcadas unas a otras como si «tuvieran telepatía». Ni por esas. «El juez ni siquiera encargó averiguarlo. Lo único que hizo es enviarles a prisión», remacha Izko.

La indefensión sigue con el sistemático secreto del sumario, prorrogado sin justificación alguna una y otra vez, con el único fin de «mantener a las defensas fuera del proceso». Y concluye con la vista próxima, en una sala «con permeabilidad política absoluta» y «alarmante predisposición a la condena».