La aplicación del nuevo Código Penal –que prevé la atenuación en uno o dos grados de la pena por «integración o colaboración» cuando el hecho cometido sea «de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado padecido»– ya ha tenido efectos prácticos en los casos de los 35 procesados por la redada de Segura, los dos jóvenes condenados en el caso del muro popular de Gasteiz o el más reciente de los cinco de la campaña «Aztnugal». Como consecuencia derivada, en la AN se ha abierto el debate sobre si este cambio debe ser aplicado con retroactividad; es decir, reduciendo condenas ya dictadas en casos similares. Para ello se consideró conveniente reunir al Pleno de lo Penal, que tenía previsto hoy deliberar sobre el tema y fijar un criterio común. Sin embargo, finalmente esta sesión se pospone sin fecha ni explicación.

La aplicación o no de la rebaja de grado es ya noticia habitual. Ocurrió el lunes con el juicio a Hasier Arraiz en el TSJPV y volverá a debatirse este martes próximo con el juicio en la AN a nueve personas acusadas de pertenecer a Ekin. En ambos casos, AVT y DyJ se niegan a firmar el acuerdo que incluye evitar la cárcel, propuesto por la Fiscalía toda vez que la rebaja de grado aboca a condenas menores. Mientras tanto, la cuestión de la aplicación retroactiva o no será analizada caso a caso, en la sección que corresponda.

La agencia Europa Press apunta que el primer recurso que se analizará con petición de revisión a la baja de la condena es el del santutxuarra Alexander Bustindui, condenado por una acción de kale borroka sin daños personales y actualmente preso en Villabona (Asturias). Se encargará de decidir sobre el mismo un tribunal de la Sección Segunda que Europa Press califica como «progresista».

Queda pendiente la citada reunión del Pleno de lo Penal, que reuniría a una veintena de jueces y en el que se analizarían dos informes jurídicos de diferente signo: uno encargado a Concepción Espejel, y que abogaría por no aplicar retroactivamente esta modificación favorable «al reo», y otro elaborado por Ramón Sáez Valcárcel, que en principio sí sería favorable a la rebaja de condenas.