El Ayuntamiento de Agoitz no va a borrar el mural dedicado a Mikel Zabalza y en contra de la tortura. El alcalde, Unai Lako, se mostró ayer tajante en una rueda de prensa en la que estuvo arropado por la familia Zabalza. Lako había convocado a los medios para anunciar que han recibido una segunda orden de borrado del mural, con distintos argumentos, después de que la Delegación del Gobierno español tuviera que echarse atrás por vincular a Zabalza con ETA.

Tras la rectificación remitida a los medios, la delegada Carmen Alba envió una segunda denuncia al Ayuntamiento. En ella, el mural ya no constituía enaltecimiento, sino que podía resultar una «calumnia». El motivo es que en un lateral aparece la palabra «aztnugaL», que es la palabra que escribió en la declaración policial Patxi Arratibel para reflejar que estaba siendo sometido a tortura. Cabe recordar que el caso de Arratibel llegó hasta Estrasburgo y que el Tribunal de Derechos Humanos condenó al Estado español por no haber investigado.

Junto a Lako se sentó una de las hermanas del sindicalista que murió torturado tras su arresto por la Guardia Civil. Idoia Zabalza pidió a la delegada «que investigue las prácticas de interrogación que han ejercido las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las diferentes dependencias. Si hace eso, concluirá que la denuncia que se hace en el mural se debe a una práctica generalizada y que la acusación es verdadera».

Mientras tanto, el escándalo llega al Parlamento donde las cuatro fuerzas del cambio ya han acordado una declaración institucional censurando a la delegada. En ella, sostienen que lo que persigue la consejera es «silenciar y criminalizar la denuncia de la tortura».

Por otra parte, el alcalde de Agoitz señaló que el Gobierno navarro tiene un convenio con la Delegación para asumir el borrado del mural en caso de que el Ayuntamiento siga con esta línea de desobediencia. Lako valoró que quizá sea oportuno cancelar el convenio, visto los abusos que está cometiendo la Delegación.

Rechazan el recurso contra la ayuda de Azpeitia

La Abogacía del Estado interpuso en 2014 un recurso contra la decisión del Ayuntamiento de Azpeitia de ayudar a los familiares de los presos de la localidad para hacer frente a los gastos ocasionados por los desplazamientos. Sin embargo, ahora un Juzgado de Donostia ha rechazado esa demanda. «La dispersión es una vulneración de los derechos humanos, y estás ayudas son para hacer frente al perjuicio económico causado», explica en una nota el alcalde Eneko Etxeberria, que recuerda que las ayudas de otros años también han sido recurridas.

Por otra parte, en solidaridad con los presos y presas vascas ayer hubo movilizaciones en Antzuola (27 personas), Añorga(21), Lekeitio (101), Oñati (58), Mutriku (55), Mundaka (18), Bergara (70), Iruñea (207), Agurain (50), Usansolo (19), Durango (70), Lazkao (65), Ugao (35), Zarautz (152), Andoain (50), Barañain (53), Algorta (60), Gasteiz (390), Arbizu (40), Etxarri Aranatz (50), Orereta (151), Berriz (25), Ondarroa (129), Lizarra (32), Legorreta (19), Elgoibar (48), Galdakao (98), Gatika (14), Berriozar (30), Aulesti (51), Hondarribia (55) y Donostia (141). GARA