El consejero de Empleo y Políticas Sociales de Lakua, Ángel Toña, dijo ayer que Lanbide «no va a dar ninguna patada fuera» y va a seguir gestionando la Renta de Garantía de Ingresos (RGI), aunque sí está dispuesto a derivar «algunas gestiones puntuales» a otras instituciones «publicas o privadas».

Toña, que compareció ante la Comisión de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Parlamento de Gasteiz, afirmó que se debe analizar el reparto de competencias en la atención a pensionistas y a grupos en situación de exclusión; y se mostró dispuesto a «abordar el reto de una adecuada coordinación entre los distintos servicios públicos. «Pero esta discusión exige un contrapartida: la recuperación del principio de responsabilidad compartida en defensa de sistema de ingresos. Es preciso recuperar el consenso para poner en valor el sistema de prestaciones», añadió antes de indicar que, a su parecer, «sería conveniente darnos un tiempo muerto».

Según explicó, este «tiempo muerto», que estaría vigente hasta la publicación de los trabajos de la Comisión Técnica sobre la RGI, debe responder a dos objetivos: «clarificar qué es lo que está en juego, y hacer justicia con el sistema y con sus trabajadores para reconocer que, a pesar de las dificultades, del riesgo inicial y de los vaivenes del proceso, estamos en un momento decisivo, estratégico, en el que dejamos atrás el túnel». En este sentido, insistió en que el sistema de protección e inclusión social de la CAV está «asentado, estabilizado, controlado y, sobre todo, protege e inserta».

Asimismo, el consejero advirtió de que los procesos de control han permitido que el impacto del fraude se mantengan en niveles bajos. «En 2015, apenas supuso un 1,02% del gasto total realizado. Ni Lanbide es el colador que algunos pretenden ni las personas que se acercan a este servicio son modelo de incivismo personal. Todo lo contrario», destacó en alusión a la proposición de ley presentada por el PP. Y recordó que las ayudas sociales son el «principal colchón social de las familias en riesgo de pobreza».

El titular de Políticas Sociales subrayó que este sistema «no es fruto de un capricho, sino de una necesidad. La necesidad, en primer lugar, de garantizar a la población asentada en Euskadi, nacida o no en nuestra comunidad, unos ingresos mínimos para garantizar su supervivencia en una condiciones dignas. Y la necesidad, en segundo lugar, de prevenir los procesos de empobrecimiento estructural asociados a las crisis, evitando que una insuficiencia puntual de ingresos se convierta en el punto de partida de un proceso irreversible de deterioro económico, social, familiar o personal».

«Autocomplacencia»

Belén Arrondo criticó la «autocomplacencia» de Toña. «No decimos que no se haya hecho nada, pero de ahí a decir que tenemos un servicio que funciona bien...», añadió la parlamentaria de EH Bildu, quien recordó que muchas personas con empleos precarios son perceptores de ayudas sociales. En la misma línea, la representante del PSE, Txaro Sarasua, denunció que «las personas son las que están sufriendo la mala gestión de Lanbide».

La parlamentaria del PP Laura Garrido, que volvió a echar mano del fraude para pedir la reforma de la RGI, acusó al consejero de tratar de atenuar con sus palabras «un fracaso, el fracaso de un Gobierno».