Los municipios alaveses de Amurrio, Agurain, Asparrena, Donemiliaga, Barrundia y Artziniega han mostrado su apoyo a la ley antifracking aprobada por el Parlamento de Gasteiz. Esta iniciativa salió adelante tras una moción presentada por EH Bildu después de que el Gobierno español anunciara su intención de recurrir la ley aprobada por el Parlamento.

Según destacó la coalición abertzale, su aprobación ha coincidido en el tiempo con la suspensión decretada por el Tribunal Constitucional. Por esa razón, se reclama que se respeten las decisiones que democráticamente toman las instituciones vascas. EH Bildu considera que la sociedad ha mostrado «claramente» el rechazo a esta técnica que comporta «graves riesgos para el medio ambiente y la salud humana a la vez que hipoteca un necesario cambio de modelo energético».

«Esta decisión adoptada por un gobierno en funciones que carece de legitimidad no se puede valorar como una simple maniobra jurídica, sino que es un movimiento contra la soberanía popular», se recoge en el texto aprobado.

Cinco impugnaciones

El Ejecutivo de Mariano Rajoy solicitó al Tribunal Constitucional, en la última legislatura, que cinco normas de la CAV fueran suspendidas y no se pudieran aplicar mientras no se resolviese el asunto, mientras que Lakua presentó una veintena de impugnaciones contra normas del Gobierno de Madrid, al que ha acusado reiteradamente de «afán recentralizador».

La conflictividad entre el Estado y las Comunidades Autónomas durante el Gobierno de Rajoy se duplicó con respecto a la legislatura anterior.