Habían anunciado que bloquearían cualquier intento de acuerdo en la Audiencia Nacional española, pero finalmente firmaron un pacto similar al que ya suscribieron en el juicio contra los detenidos en la redada de Segura y que permitió que 35 militantes independentistas no entrasen en prisión. Tanto la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) como Dignidad y Justicia se habían posicionado en contra de llegar a algún pacto que evitase la celebración del proceso contra nueve ciudadanos vascos que tenía que comenzar ayer. A primera hora de la mañana, sin embargo, ambos terminaron adhiriéndose a las defensas y el fiscal José Perals.

Según este acuerdo de conformidad, Ugaitz Elizaran será condenado a dos años, tres meses y un día (se le aplica lal agravante de «reincidencia»); Urko Aierbe, Joxe Aldasoro, Aniaitz Ariznabarreta, Erika Bilbao, Eneko Compains, Egoitz Garmendia y Rosa Iriarte, a dos años; y Sandra Barrenetxea recibe una pena de un año y nueve meses. También estarán inhabilitados durante el tiempo que dure la condena. El Ministerio Público pidió la suspensión de la pena para todos ellos salvo para Elizaran. En su caso, informó favorablemente para que cumpla la condena en libertad condicional. Esto implica que ninguno entrará en prisión salvo, en todo caso, este último, aunque esto aún deberá resolverlo el juez y cuenta con el aval para eludir la cárcel tanto de Fiscalía como de acusación particular.

«Si lo hemos firmado es porque nos parece aceptable pero no quiere decir, de ninguna manera, que se haya hecho justicia». Eneko Compains, en nombre de los condenados, contextualizó el acuerdo nada más abandonar la Audiencia Nacional española. «Somos personas y militantes políticos que de forma legítima ejercíamos nuestros derechos civiles y políticos en Euskal Herria, y un Estado no democrático que persigue a la gente por sus ideas nos detuvo, nos incomunicó, nos torturó salvajemente y nos encarceló», recordó el navarro. En la sala no pudieron exhibir camisetas de la iniciativa Libre por veto expreso de los jueces.

«Tenemos que valorar ante qué tipo de tribunal estamos. A nadie se le escapa que en España no hubo una transición verdadera hacia la democracia, que no hubo ruptura y lo que tenemos hoy aquí no es otra cosa que el Tribunal de Orden Público reconstituido, un tribunal de excepción que no da ninguna garantía democrática», remarcó.

Según el acuerdo firmado entre las partes, los nueve militantes independentistas resultan condenados por «integración en organización terrorista» al ser considerados como miembros de Ekin. Todos ellos siguieron la línea marcada por el pacto del sumario 04/08: asumieron que su actividad fue contraria al ordenamiento jurídico español, rechazaron las vías violentas para lograr objetivos políticos y mostraron su disposición a colaborar en la «reparación» de las víctimas. A cambio de ello, la Fiscalía y las acusaciones particulares (AVT y DyJ) rebajaron notablemente sus peticiones de cárcel. Cabe recordar que en el escrito de acusación, el Ministerio Público reclamaba condenas de entre nueve y quince años para cada uno.

El acuerdo no tiene diferencias respecto al suscrito por los juzgados tras la redada de Segura (en una vista celebrada en enero) y el que también suscribieron cinco militantes independentistas en abril. El primero de ellos fue sellado tanto por AVT como por DyJ, pero provocó las protestas de Covite. Esto motivó la reacción de las asociaciones presididas por Alfonso Sánchez (recientemente elegido como sustituto de Ángeles Pedraza) y Luis Portero. Ambas no estaban personadas en el juicio de hace un mes, por lo que el pacto se firmó sin complicaciones. El problema llegó con este sumario, para el que ambos lobbys anunciaron que se opondrían a pesar de que la aplicación del artículo 579 bis 4 del Código Penal permite la reducción de hasta dos grados de la condena. Finalmente, aceptaron que el juicio no se celebrara.

Aún quedan algunos juicios políticos pendientes en la AN

A pesar de que en los últimos años han tenido lugar varios de los mayores macrojuicios políticos contra Euskal Herria, todavía quedan pendientes al menos cuatro sumarios. En fase de calificación se encuentra el proceso contra Jean Claude Agerre y Xabi Larralde, que es una continuación del 04/08 que concluyó en enero tras un acuerdo por el que 35 militantes independentistas no entrarán a prisión. En esta misma fase se encuentra el procedimiento «Halboka», abierto tras una redada ordenada en 2010 por el juez Fernando Grande-Marlaska contra abogados de represaliados y en la que fueron detenidas 10 personas. Existen otros dos procesos más en fase de instrucción. Uno es una pieza derivada del sumario contra EHAK y ANV centrada en la parte económica y en la que se acusa a una veintena de ciudadanos vascos. Otra es la macrocausa contra la solidaridad hacia los presos políticos vascos. La persecución hacia los activistas por los derechos de los represaliados se extendió a partir de 2013 a Herrira, abogados, Jeiki Hadi o Etxerat. En total, 47 personas en la AN, a quien se les suma el hasta ahora senador de EH Bildu Iñaki Goioaga, investigado por el Supremo.A.P.