La oposición reprobó ayer la actitud del alcalde de Gasteiz, Gorka Urtaran, que no va a aplazar la fecha de fin del periodo voluntario de pago del Impuesto de Bienes e Inmuebles hasta el (IBI) próximo 1 de julio, tal como aprobó la mayoría del Pleno. Esta petición estaba recogida en una enmienda transaccional firmada por PP, EH Bildu, Podemos e Irabazi, que reclamaron al Gobierno local, formado por PNV y PSE, una solución a la subida del IBI a las VPO. Un aumento medio del 28% que afectará a unos 24.500 propietarios.

En una sesión extraordinaria, los grupos de la oposición, contrarios a este «injusto» incremento, pidieron a Urtaran que dé instrucción a las entidades financieras para que no se cobre los recibos domicializados, e hicieron hincapié en la necesidad de acordar una solución que no implique un «castigo» a las familias. Asimismo, censuraron la pasividad del Ejecutivo municipal, que el pasado mes de abril anunció que buscaría una solución para los afectados por el aumento del IBI, derivada de la actualización del valor máximo de las VPO. «Les tendimos la mano para no llevar a cabo esta subida, pero no han hecho nada», destacó la portavoz de EH Bildu, Miren Larrion, que exigió «una solución a la subida, no una moderación de la subida».

Con estas palabras respondió a la propuesta del Gabinete de Urtaran, que apostó por limitar a un 10% el incremento del IBI. En una enmienda in voce, PNV y PSE propusieron instar a las Juntas Generales de Araba a modificar la Norma Foral Tributaria del IBI para poder bonificar a quienes se les aplique una subida superior al citado 10%. Idea que solo contó con el apoyo de los nueve concejales que forman el Gobierno. Los otros 18 votaron en contra de la moción.

45 millones de euros

En su intervenció ante el pleno, la edil de Hacienda, Itziar Gonzalo, trató de restar importancia a la subida del IBI, que, según explicó, supondrá a los contribuyentes un coste medio de 44 euros anuales. También negó que este incremento vulnere el artículo 16 de la norma foral, como ha denunciado la oposición en diferentes ocasiones, y rechazó cualquier alternativa que «implique paralizar la recaudación de los 45 millones de euros del IBI». En la misma línea, Carlos Zapatero (PSE) manifestó que las medidas recogidas en la enmienda transaccional «pueden ser una ilegalidad y costarnos sangre, sudor y lágrimas».