Asun Lasa y Pili Zabala, hermanas de Josean Lasa y Joxi Zabala, secuestrados, torturados, muertos y hechos desaparecer por la Guardia Civil, denunciaron ayer ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento la desigualdad existente en el trato y el reconocimiento a las víctimas y el dolor padecido durante años por la indiferencia de algunas instituciones y la vileza en el trato de otras.

Ambas comparecieron en la Cámara para dar su opinión sobre el proyecto de ley de víctimas de la violencia estatal, que en su enrevesado nombre oficial –«de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de represión ilícita en la CAPV entre los años 1978 y 1999»– ya evidencia las dificultades con las que se afronta la cuestión.

Asun Lasa explicó que gracias al «gran trabajo de Iñigo Iruin» en su caso consiguieron una sentencia condenatoria contra los culpables, pero no otros derechos. Recordó la soledad padecida y el desamparo institucional. Y también que las víctimas del terrorismo tienen ayudas económicas y otras víctimas no, que los victimarios de unas están encarcelados a mil kilómetros de sus casas y las de otros están libres, que unas victimas son enterradas con honores y sus hermanos «entre tiros y golpes, como perros». Por eso concluyó que «no debe haber categorías entre las víctimas. No hemos elegido el victimario ni el dolor sufrido».

También Pili Zabala se expresó en parecidos términos. Recordó que el delito de desaparición forzada «produce un sufrimiento que pocas personas pueden llegar a entender». Un sufrimiento diario que en su caso se extendió durante once años, cinco meses y cinco días que tiene contados con precisión. Con el agravante de que además sabían que «quienes les habían hecho desaparecer eran quienes nos gobernaban».

Impunidad

Denunció que quienes fueron condenados a 75 años de cárcel, apenas cumplieron condena, «están en la calle sin ningún tipo de arrepentimiento, reparación a las víctimas ni garantía de que no repetirán el delito». No hay en la cárcel ninguna persona por la violencia estatal, y los pocos condenados por torturas son luego indultados.

Pili Zabala dejó claro que el agravio comparativo en el trato a unas víctimas y a otras es enorme. Pero incidió en que no le gusta hacer esa comparación porque «las injusticias no se restan sino que se suman».

Apuntó que este proyecto de ley les ofrece garantía jurídica, pero quiso ir más allá y pidió una comisión de la verdad, con acceso a la documentación confidencial existente.

La tortura

Asun Lasa, además de como hermana de Josean, habló también como torturada durante siete días, un año antes del secuestro de su hermano. Recordó cómo te anula como persona y que todavía hay mucha gente «que tiene la boca cosida por lo padecido y por aquella amenaza de que no lo contaran nunca». Por ello pidió a la comisión que escuche a las personas torturadas.

Lasa y Zabala recordaron que Madrid les niega ayudas por una acusación póstuma a sus hermanos por la que nunca fueron condenados en vida.

Incluir a fallecidos por la dispersión

El portavoz de Etxerat Urtzi Errazkin y Rafa Isasi, hermano de Alfonso Isasi, muerto cuando llevaba a una madre a ver a su hija presa en Orense, describieron el sufrimiento que padecen familiares y amigos a causa de la dispersión. Dijeron que es difícil englobar eso en esta ley, pero pidieron que al menos se reconozca a las 16 víctimas mortales. Explicaron que si reconoce legalmente a las víctimas de la dispersión, será más difícil mantenerla.

El representante del PP Carmelo Barrio defendió ante ellos la política penitenciaria del Gobierno español recordando que ETA todavía no se ha disuelto, Y añadió que «es duro, pero los miembros de ETA se lo tenían que haber pensado antes dos veces, primero por sus víctimas y luego por sus propias familias. Rafa Isasi le respondió que podía estar de acuerdo en eso, pero que «cómo se puede mantener una ley que genera dolor y es ciega a los cambios habidos».I.I.