El portavoz de Lakua, Josu Erkoreka, anunció ayer que el Ejecutivo presentará recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que anula la 25 promoción de la Ertzaintza, de modo que el proceso sigue adelante.

El TSJPV ha estimado el recurso interpuesto por la Administración del Estado y ha anulado la convocatoria de empleo público de 250 plazas en la Ertzaintza para 2016 realizada por el Gabinete de Iñigo Urkullu. Al poco de conocerse la noticia, y en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, su portavoz anunció que el Ejecutivo autonómico va a recurrir el fallo, de modo que la promoción ya en marcha no se paralizará y los nuevos agentes podrán recoger sus credenciales el próximo viernes en la Academia policial de Arkauti.

Erkoreka confirmó que han recibido la sentencia e indicó que «discrepan respetuosamente» de su contenido y razonamiento jurídico. Asimismo, criticó «rotundamente» la actitud «de quienes han impulsado y promovido los recursos que han desembocado en este pronunciamiento del TSJPV, particularmente el Gobierno central y, de manera señalada, la Delegación del Gobierno en Euskadi». En este sentido, se dirigió al delegado del Ejecutivo español, Carlos Urquijo, señalando que «el Gobierno vasco está actuando en la gestión de estas convocatorias estrictamente en el marco de lo que el PP vasco y él personalmente contribuyó a definir en el Parlamento vasco, cuando tenía la condición de electo en la Cámara». «Estamos actuando en el marco estricto de lo que él personalmente contribuyó a definir en términos de efectivos necesarios para garantizar la seguridad pública en Euskadi y para poder contar con una Policía autonómica eficaz y efectiva, que cumpla ciertamente su función», insistió el portavoz.

Del mismo modo, apostilló que «más allá de la discrepancia sobre los fundamentos de la sentencia, es necesario formular una crítica severa y firme a quien ha impulsado estos recursos, que más allá de vaciar aspectos fundamentales del autogobierno vasco, entran en contradicción con lo que personalmente, él mismo, el titular de la delegación de Gobierno de Euskadi, contribuyó a establecer como marco necesario para el desarrollo de la Ertzaintza y el mantenimiento de los umbrales necesarios para garantizar la seguridad pública en Euskadi».

Discrepancia en las plazas

En la sentencia, el TSJPV recuerda que la discrepancia entre las dos administraciones se centraba en el número de plazas convocadas, un total de 250, ampliables en función de las vacantes que se produjeran durante el desarrollo del proceso selectivo. El tribunal considera «un hecho» que no se aprobó una Oferta Pública de Empleo como establece la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ni se respetó la tasa de reposición, y sentencia que procede aplicar los límites establecidos en relación con la contratación de nuevo personal, a los que «no se ajusta» la convocatoria.

Lakua argumentó que las distintas convocatorias nunca han ido precedidas por una oferta pública de empleo y que la normativa autonómica no contempla una OPE como instrumento de planificación de personal.