Stop Desahucios había convocado una concentración y rueda de prensa frente a la sede de Bankoa en Donostia para dar a conocer la delicada situación de José Antonio Freire y su familia, que estaban a la espera de la publicación en el BOE de la subasta electrónica de su vivienda. Pero apenas minutos antes supieron que la entidad financiera ha decidido «dar una segunda oportunidad» a esta familia de Orio asegurándoles que la subasta no se hará efectiva.

Hoy mismo, Freire y dos representantes de la plataforma Stop Desahucios acudirán a una cita que tienen en Bankoa. Como adelantaron, en la reunión propondrán a la entidad financiera que se le aplique al afectado una carencia para pagar durante cinco años una cuota reducida sobre el euribor más 0,25 puntos. Según Rosa García, portavoz de la plataforma, el total a pagar cada mes sería una cuota mínima que permitiría a esta familia hacer vida normal.

La familia está compuesta por José Antonio, su pareja y dos hijos. En su momento, él firmó un préstamo de 180.000 euros con cuotas mensuales de 800 euros, una cifra un poco ajustada para los 1.300 euros de sueldo que cobraba. Al quedarse en paro, la situación se volvió imposible; su mujer trabaja pero con contrato temporal y él cobra un subsidio de 400 euros. Así les es imposible afrontar el pago de la hipoteca.

Al ser una familia con dos niños menores que «se acogía al Código de Buenas Prácticas Bancarias», la entidad debía haberles ofrecido una carencia en el pago del capital a un tipo de interés reducido, que es lo que solicitan ahora, pero en su lugar Bankoa les ofreció pagar durante dos años los intereses ordinarios con la condición de abonar previamente 7.129,74 euros, correspondientes a la deuda vencida en ese momento.

Con mucho esfuerzo y mucha ayuda, dentro del plazo que tenían consiguieron reducir su deuda a 1.800 euros, pero aun así Bankoa presentó la demanda de ejecución y el Juzgado de Primera Instancia nº2 de Donostia acordó el pasado 14 de junio convocar la subasta pública de su vivienda.

Lo que pedirán hoy «es algo que las entidades financieras tienen que tener en cuenta» en los casos en los que «no pagan, no porque no quieren, sino porque no pueden, demostrando su situación de precariedad laboral y vulnerabilidad social». En estos casos, «tienen derecho a acogerse a esta carencia, que les permite esperar a que la situación económica cambie, si es que es así». Dado que Bankoa ha decidido revisar la situación de Freire, Stop Desahucios, que considera que esta una noticia «muy positiva», felicitó «el espíritu flexible mostrado por la entidad financiera», animando al resto a hacer lo mismo.

Freire dijo estar «un poco más animado». «Ahora tengo esperanzas de que por lo menos tendré la oportunidad de rehacer la vida», comentó. También animó a quienes estén en su misma situación a denunciarla públicamente porque, como subrayó, «quedarse en casa escondido no sirve de nada».

Por vía electrónica

Según explicó Rosa García, la subasta electrónica «es un invento del PP que se ha puesto en vigor estando el Gobierno en funciones, hace unos cuatro meses». Con este sistema, los juzgados de Primera Instancia no tienen conocimiento de cuándo será la fecha de ejecución de la subasta, mientras que antes se publicaba en los tablones de anuncios de los juzgados y salía en la página web. «Todo el mundo, la plataforma, los abogados, los afectados, sabían que había dos meses hasta que se ejecutaba la subasta en los mostradores de los juzgados».

Ahora, las subastas se hacen por Internet y así los trámites se aceleran. «En el caso de José Antonio, teníamos que estar consultando el BOE todos los días para ver cuándo la publicaban». Con las subastas electrónicas, los afectados solo tienen veinte días para poder revertir la situación, cuando antes el plazo era de dos meses. «Es una canallada más», sentenció García.

Aplazan un desahucio en Gasteiz

Una familia de Gasteiz que iba a ser desahuciada el próximo martes, 26 de julio, recibió ayer el aviso de que la ejecución se aplaza hasta finales de setiembre. Stop Desahucios Araba tenía previsto realizar una protesta ese mismo día, acto que ha sido aplazado.

La pareja, Toñi y Gato, y sus dos hijos estaban en una situación desesperada ya en 2005, puesto que la subasta de su casa era inminente y se iban a quedar en la calle. Mediante su abogada se pusieron en manos de un prestamista y la situación, lejos de solucionarse, se complicó más. El padre de la mujer figuraba como avalista, por lo que en cuanto dejaron de pagar lo acordado los pagos fueron cobrados a este. Ya han perdido varias demandas porque, afirman, han sido víctimas de «una estafa legal». Ahora solicitan apoyo para poder llegar a un acuerdo.

Por otro lado, hoy, a las 11.30, Stop Desahucios Gipuzkoa se volverá a concentrar frente al BBVA de Errenteria para denunciar el desahucio de un integrante de la plataforma. GARA

Desalojadas en Barakaldo tres familias que habían ocupado una vivienda municipal

Tres familias fueron obligadas a dejar la vivienda municipal que ocupaban desde setiembre. La decisión de mudarse allí la tomaron debido a su situación de paro y empleos «precarios» y carencia de vivienda, cuando esos pisos llevaban vacíos casi dos años. Habían recibido la orden de abandonar las viviendas ayer a las 11.30, por lo que un grupo de vecinos se acercaron al lugar para apoyar a las familias en ese duro momento.

De esas tres familias, una tiene menores a su cargo, por lo que el Ayuntamiento ha decidido ofrecerles una vivienda municipal por cuatro meses. Las otras dos familias, en cambio, se han quedado en la calle. Cuentan con ayudas sociales, aunque una de ellas tuvo problemas para percibirla. Endika Abad, concejal de EH Bildu de Barakaldo, expresó su preocupación por la situación de estas familias e instó al Ayuntamiento a que busque una solución y no se limite a expedir ayudas. «Deberían abrir puertas para ayudar a los vecinos que están en esta urgente situación», indicó.

Por su parte, la alcaldesa, Amaia del Campo (PNV), dijo que «para poder acceder a una vivienda municipal tienen que seguir una serie de trámites legales» y que no pueden «saltarse la lista de espera de vecinos que se encuentran en una situación similar y que respetan las reglas del juego para acceder a las ayudas».GARA