El vicepresidente del Gobierno, Numan Kurtulmus, anunció ayer que Turquía suspenderá de forma temporal la Convención Europea de Derechos Humanos. Justificó la medida al recordar que el Estado francés ya recurrió al artículo 15 tras los ataques yihadistas en París y Niza. «Francia proclamó el estado de emergencia también. Suspendieron los acuerdos», señaló.

El citado artículo estipula que «en tiempo de guerra u otra emergencia pública que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante puede derogar sus obligaciones bajo esta convención hasta los límites requeridos por la situación, mientras estas medidas no contradigan las restantes obligaciones bajo las leyes internacionales». Pero uno de sus apartados dice que algunos artículos, como los que obligan a respetar el derecho a la vida y prohíben la tortura, se mantienen vigentes.

Además, el Parlamento respaldó el estado de emergencia impuesto por el presidente Erdogan con el único apoyo de islamistas y panturcos. «El golpe de Estado se ha convertido en un arma para que el Gobierno purgue toda oposición», criticó el HDP en una nota.

El estado de emergencia, que según Kurtulmus se podría reducir a 45 días y no afectará al derecho de reunión, reducirá más el poder de la judicatura. Turquía vive en un cuasi estado de emergencia desde el año pasado, cuando se aprobó la polémica Ley de Seguridad, que permite a la Policía usar armas de fuego en protestas y da a los gobernadores –elegidos por el AKP– la potestad de ordenar arrestos y redadas sin autorización judicial. En Kurdistán Norte, los kurdos apenas notarán el cambio al vivir bajo la ley marcial. Más de 200 regiones son zona de seguridad especial, los gobernadores pueden imponer toques de queda y el libre movimiento de civiles está condicionado a las operaciones del Estado.