Aunque todavía no se conocen los fundamentos jurídicos, tanto Aitor Franco como Arkaitz Anza han quedado en libertad por decisión de la Audiencia Nacional. La defensa había solicitado que la condena de estos dos jóvenes de Errenteria fuera revisada de modo retroactivo, para aplicar la rebaja de grado introducida por una reforma legal el pasado año para los «delitos menos graves», en los que no concurra la utilización de métodos violentos o no se hayan producido daños físicos. Ambos habían sido condenados, al igual que otros centenares de personas en estos últimos años, por actividades exclusivamente políticas y pacíficas. Se les impusieron seis años de cárcel por la mera pertenencia a Segi, y desde la última detención llevaban más de tres años y medio entre rejas.

A la hora de redactar esta información, Aitor Franco ya había sido excarcelado desde la prisión de Mansilla de las Mulas (León) y constaba que la Audiencia Nacional ha dado orden de liberar a Arkaitz Anza, que cumplía su condena en Valladolid. Ambos fueron encarcelados tras confirmar el Tribunal Supremo en octubre de 2012 las penas dictadas meses antes por la Audiencia Nacional.

En el caso de Anza, fue detenido junto a otros dos jóvenes tras encadenarse en el Hotel María Cristina de Donostia después de una movilización de Eleak, en enero de 2013.

La reforma legal que ha dado pie a estas excarcelaciones ha reducido ya las condenas previsibles para medio centenar de vascos y vascas sometidos a procesos políticos, en casi todos los casos mediante la vía de acuerdos judiciales facilitados por la rebaja de grados (el ejemplo más conocido, aunque no el único, fue el de los afectados por el proceso de la redada de Segura).

Ahora, lo que se está solicitando en diversos casos es la reducción retroactiva de condenas ya dictadas y que se están cumpliendo, ante lo que los tribunales están dando respuestas diversas, si bien en su mayor parte son negativas.