Según Lander Martínez, la coalición integrada por Podemos, Ezker Anitza-IU y Equo gobernará Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tras las elecciones del 25 de setiembre, si bien reconoció que tendrán que «pelear mucho» para conseguirlo.

En una entrevista concedida a Europa Press, el secretario de organización de Podemos Euskadi adelantó que buscarían apoyos para la investidura en EH Bildu y PSE, por considerar que son sus «patas más cercanas» en temas sociales. En esta línea, indicó que podría ser «posible» que hubiera «un eje progresista de cara al cambio social».

«Si nos sentamos y buscamos planteamientos sociales que sean transversales, más amplios, más allá de nuestra fuerza política, podemos llegar a grandes acuerdos», afirmó.

A su juicio, en la próxima legislatura «se va a decidir el modelo de país» en el que los ciudadanos de la CAV «quieren vivir durante los próximos 10 o 20 años».

Tras señalar que en el próximo mandato estarán sobre la mesa «prácticamente todos los temas clave que se tratan en el País Vasco», Martínez aseguró en la entrevista que su objetivo es «marcar un nuevo modelo territorial, un nuevo modelo productivo y un modelo definitivo de paz y convivencia».

Mayoría amplia

El secretario de organización de Podemos Euskadi cree que todavía es «muy pronto» para saber si «habrá una alianza o no» sobre el derecho a decidir entre su coalición, EH Bildu y PNV. «Sí es cierto –añadió– que va a haber una mayoría amplia que tiene claro que el modelo territorial en Euskadi tiene que cambiar y mejorar».

No obstante, matizó que «los objetivos que hay detrás del derecho a decidir» que defienden su coalición y EH Bildu «no son los mismos». «EH Bildu tiene un postulado claramente independentista, y nosotros –agrega– buscamos la solución a un conflicto, a un problema territorial, en la que la gente pueda decidir cómo quiere encajar o no dentro del Estado».

Otro de los objetivos de su coalición es «avanzar hacia la consolidación de la paz», para lo que propuso «desbloquear un proceso que está bloqueado».

«Queremos avanzar en la construcción de un país plural y justo en el cual se empiece a escribir un relato basado en los términos de reparación, verdad y justicia, y en el que podamos avanzar en un proyecto de convivencia y no de coexistencia», afirmó en la misma entrevista.

Entre otras cosas más, consideró «esencial» la colaboración del Gobierno español para avanzar en cuestiones como el fin de la dispersión. A este respecto, propuso «la petición de desarme y disolución de ETA», pero también acabar con la dispersión, «que no da un trato humanitario a las personas presas».

Larrion recuerda la condena a Alonso y Maroto

Miren Larrion, cabeza de lista de EH Bildu por Araba para las elecciones del 25S, reprochó al PP que pretenda anular la candidatura de Arnaldo Otegi a lehendakari por su condena en el ‘‘caso Bateragune’’, cuando el propio PP está marcado por la «corrupción» y su candidato, Alfonso Alonso, y dirigentes como Javier Maroto, están condenados por el Tribunal de Cuentas.

En una entrevista concedida a Europa Press, Miren Larrion afirmó que la intención de la Fiscalía, del PP, Ciudadanos y UPyD de evitar que Otegi pueda ser candidato responde a su «nerviosismo» y al «temor» de que el regreso del dirigente abertzale a la política contribuya a un «cambio real» en Euskal Herria.

Si bien reconoció que no le sorprende la actitud del PP, la cabeza de lista de EH Bildu por Araba destacó que voces como las de Alfonso Alonso no son las más «cualificadas» para tratar de anular otra candidatura. A este respecto, recordó que Alonso, junto al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, está condenado por el Tribunal de Cuentas del Estado por el llamado ‘‘caso San Antonio’’.

La condena, que se encuentra recurrida, les obliga a pagar, junto al resto de los condenados, casi 400.000 euros por firmar, durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Gasteiz, un contrato público con un empresario a un precio considerado muy superior al del mercado.

Por ello, Miren Larrion afirmó que tanto Alonso como Maroto están «completamente desautorizados», ya que la propia sentencia les atribuye una «negligencia grave» y les responsabiliza de actuar «en contra de los intereses» de la ciudadanía.

«Están absolutamente inhabilitados para representar a nadie», resumió Larrion.GARA