A medianoche ha concluido el plazo de la presentación de candidaturas electorales para las autonómicas del 25S, y en las dos semanas y media que quedan desde hoy hasta el inicio de campaña un asunto va a marcar ineludiblemente la actualidad política vasca: el intento de los poderes estatales de sacar de la carrera electoral a Arnaldo Otegi. Quien tendrá la primera palabra sobre el aspirante a lehendakari de EH Bildu es la Junta Electoral de Gipuzkoa. Se reúne hoy, aunque no es seguro que dictamine en la jornada: la comunicación puede hacerse hasta el viernes.

Sobre su mesa ha puesto la Audiencia Nacional, hace ya una semana, la sentencia que le condenó a seis años y medio de cárcel, cumplidos íntegramente el pasado 1 de marzo. La Fiscalía sostiene que esa pena llevaba aparejados dos tipos de inhabilitación que deben dejarle fuera de las urnas. Por contra, para la defensa y otras voces jurídicas (incluida en su día la del fiscal superior de la CAV, Juan Calparsoro), una de ellas es inaplicable y otra ya está extinguida.

Según se avanza, la Junta Electoral se limitará a comprobar si existe una sentencia firme de inhabilitación, sin hacer mayores consideraciones. Su actuación tiene mero carácter administrativo, pero está integrada por personas con evidentes conocimentos jurídicos: tres jueces de la Audiencia de Gipuzkoa (María del Carmen Bildarraz, Jone Unanue y Felipe Peñalba), la decana del Colegio de Abogados de Gipuzkoa (Lurdes Maiztegi) y el catedrático de Derecho Administrativo Iñaki Agirreazkuenaga. La presidenta de este órgano electoral es Bildarraz.

Será solo el pistoletazo de salida a una carrera que a buen seguro acabará en el Constitucional, dentro de diecisiete días, dado que la parte cuya tesis sea derrotada acudirá hasta esa última instancia.

El Estado juega fuerte presionando a la Junta Electoral de Gipuzkoa con la remisión de esa sentencia de la Audiencia Nacional, pero confía sobre todo en el Constitucional, dominado por los jueces nombrados por PP y PSOE. Como botón de muestra más claro, el vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Casado, llegó a decir la pasada semana que considerarían «una infamia» que el TC no impidiera concurrir a Otegi.

Antes de ello, como explica el calendario inferior, habrá otra decisión judicial: la que compete en primera instancia al Juzgado Contencioso-Administrativo, que se conocerá el viernes 2 o sábado 3 de setiembre.

Para los intereses estatales, lo más cómodo (aunque no definitivo) sería que la Junta de Gipuzkoa les diera la razón en este primer asalto. Por un lado, les permitiría iniciar la partida jugando de mano ante la opinión pública. Y, además, poder presentar la inhabilitación como un mero trámite administrativo y no como una decisión judicial excepcional. De hecho, el ministro de Justicia en funciones, Rafael Catalá, dijo tras conocerse la iniciativa fiscal que «veo bastante difícil de imaginar» que la Junta dé vía libre a Otegi.

Así, la iniciativa de la Fiscalía está siendo presentada por los aparatos y medios de comunicación del Estado como una tesis irrebatible, en un claro intento de presionar a la Junta Electoral de Gipuzkoa. Y mientras se resuelve este primer paso, tanto el Gobierno como los partidos que se han mostrado dispuestos a impugnar a Otegi (PP, Ciudadanos y UPyD) esperan por si tuvieran que saltar a la arena.

ELA: «Anormalidad»

A las voces en contra de esta persecución escuchadas anteriormente se sumó ayer la del sindicato ELA, que defendió en un comunicado «el derecho a concurrir en las elecciones de Arnaldo Otegi» y consideró necesario «remover todos los obstáculos para la normalización política en nuestro país».

Para ELA, la pretensión del Gobierno español «es un acto de anormalidad democrática que debe ser rechazado con toda contundencia». Y más aún cuando, recuerda, es consecuencia de la condena a Otegi en «un proceso político instado para lograr una sentencia política», en alusión al llamado ‘‘caso Bateragune’’. «Se instó en tiempos del PSOE y es ahora el Gobierno del PP quien desea darle continuidad», recalca ELA. Teme por el desenlace dado que «desgraciadamente, en el Estado español siempre que al poder político le ha interesado una sentencia para condicionar la normalidad vasca, la ha conseguido».

Por contra, el lehendakari de la CAV, Iñigo Urkullu, sigue lavándose las manos ante la decisión sobre Otegi. En la Cadena Ser, se contradijo además al señalar que él siempre rechazó el ‘‘caso Bateragune’’ y añadir que la cuestión de la inhabilitación (que hunde su raíz en esa condena) es un tema «complejo jurídica y técnicamente».

«Que se resuelva cuanto antes. No tengo más que decir», zanjó Urkullu. La pasada semana llegó a responsabilizar a EH Bildu por postular para el cargo a Arnaldo Otegi a sabiendas de que intentarían vetarle.

 

UPyD, uno de los «ilegalizadores», ni siquiera concurrirá a las urnas

UPyD era una de las formaciones que se había declarado dispuesta a impugnar la candidatura de Otegi hace tres semanas. Pues bien, finalmente ni siquiera concurrirá a las elecciones al Parlamento de Gasteiz. Aunque había anunciado que iba a estar en la carrera, ayer, a apenas seis horas del cierre de candidaturas, Gorka Maneiro comparecía en rueda de prensa en Donostia para anunciar que no están en condiciones de presentarse a los comicios.

Con ello desaparece de la Cámara esta formación, que en esta legislatura ha tenido como parlamentario al citado Maneiro tras obtener 21.000 votos (casi los mismos que en las anteriores de 2009, cuando superó los 22.000 y logró igualmente un escaño). En el Parlamento navarro nunca ha obtenido asiento.

Pese a que, como es norma en estos casos, UPyD presenta esta renuncia como algo temporal, su derrumbe es evidente se mire adonde se mire. Tampoco concurrirá a las gallegas que se celebran igualmente el 25 de setiembre. En las Cortes españoles perdió toda su representación en diciembre de 2015. Ello provocó una catarata de dimisiones y renuncias que ha convertido a Maneiro, una de sus pocas referencias todavía, en portavoz estatal.

En Donostia, Maneiro admitió que no están en disposición de competir y que se van a dedicar a «renovar, fortalecer y reafirmar» el partido, así como a preparar el congreso que la formación magenta celebrará a finales de año.

Intentó hacer hincapié en que no se trata de «un paso atrás», sino de una decisión que «debía tomarse en este momento», pero que no anula la certeza de que UPyD «continúa la batalla política». Y es que, a su juicio, no existe una formación que «defienda las ideas» que representa este partido. Sin embargo, resulta notorio que los votos de que disponía anteriormente el partido que fundó Rosa Díez se han desplazado en masa hacia Ciudadanos. En las estatales de 2011, este partido creado en 2007 llegó a superar los 1,1 millones de votos en el conjunto del Estado.R.S.

«Que el tema se resuelva cuanto antes. No tengo más que decir»

IÑIGO URKULLU

Lehendakari de la CAV

«No voy a contribuir al juego electoral que Bildu ha elegido para esta precampaña»

IDOIA MENDIA

Secretaria general del PSE

«Este es un acto de anormalidad democrática que debe ser rechazado con toda contundencia»

ELA

«Inhabilitar a Otegi es inhabilitar a todas las personas que queremos votarle»

JASONE AGIRRE

Cabeza de lista de EH Bildu en Bizkaia