Agustín GOIKOETXEA
BILBO

La UPV-EHU sanciona al arquitecto que firmó irregularidades en Alonsotegi

La UPV-EHU ha sancionado al catedrático Alberto Zulueta Goienetxea por ser incompatible su puesto en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Donostia con asesorar al Consistorio de Alonsotegi. Por esa actividad, se enfrenta a dos denuncias por irregularidades.

En el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 1 de Bilbo se celebrará el martes el juicio por un recurso presentado por Alberto Zulueta Goienetxea. Atañe a la sanción impuesta por la UPV-EHU por la imposibilidad del arquitecto de ejercer como asesor del Ayuntamiento de Alonsotegi siendo a la vez catedrático en la Escuela Técnica Superior (ETS) de Arquitectura de Donostia. Quien llegó a ser director de la escuela y ahora es profesor prestó servicios de consultoría en materia urbanística para ese consistorio sin que existiese contrato laboral o administrativo, según constató la secretaria municipal.

En base a ese informe, en junio de 2014 EH Bildu denunció que Zulueta se embolsaba al mes 3.630 euros por acudir una vez a la semana al Ayuntamiento. El arquitecto facturaba esos servicios a través de la empresa Arkideiak SLP desde julio de 2012 cuando, en opinión de la coalición, dada la cuantía de sus minutas el Gobierno municipal del PNV debiera haber empleado un procedimiento negociado o concurso público.

Los soberanistas señalan a Zulueta como uno de los responsables de la quiebra de la sociedad Alonsotegi Eraikiz. Antes de prestar esos servicios de asesoría, efectuó trabajos de valoración de terrenos y proyectos de urbanización para el Consistorio a través de otra firma –Iztau– de la que era socio.

Fue miembro del consejo de administración de Alonsotegi Eraikiz, la sociedad pública disuelta en mayo de 2011 y cuya deuda de 4,1 millones de euros pasó al Ayuntamiento. En diciembre de 2015, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas detectó graves irregularidades. Para entonces el arquitecto ya era uno de los investigados por presuntos delitos de prevaricación y malversación por un juzgado de Barakaldo.

En ese mismo juzgado, en noviembre Alberto Zulueta tiene que declarar en calidad de investigado como presunto autor de otros delitos de prevaricación, malversación y falsificación por certificar irregulamente proyectos que habían sido financiados por la Diputación y el Gobierno español para paliar los daños de las graves inundaciones de 2008.