El acuerdo programático de los cuatro partidos que sostienen el Gobierno del cambio recoge la elaboración de un estudio sobre la posibilidad de crear una banca pública en Nafarroa. El pasado mes de agosto el Ejecutivo convocó un concurso que nació «sesgado», según denunció ELA, por entender que solo podrían optar «grandes empresas de auditoría o consultoras ligadas al gran capital».

Al concurso se presentaron tres empresas: KPMG, PricewaterhouseCooper y AFI (Asesores Financieros Internacionales). Fue esta última consultoría, con sede en Madrid, la adjudicataria del estudio, por un importe de 39.800 euros más IVA.

AFI había tenido un papel importante en el proceso de liquidación de Caja Navarra por parte del Gobierno de UPN, lo que generó reticencias en algunos miembros del cuatripartito. De hecho, Podemos pidió que se declarase desierta esta adjudicación a AFI.

Debate en el Parlamento

El debate sobre este asunto ha llegado hasta el Parlamento navarro, donde el consejero Manu Ayerdi anunció ayer que el Gobierno revocará el contrato con AFI y declarará desierta la adjudicación del mismo.

Ayerdi explicó que se ha tomado esta decisión por el «ruido mediático» que se ha generado, «no solo entre los socios del cuatripartito sino también fuera», y añadió que «no es bueno para nadie que haya ruido mediático sobre este proceso».

Según el consejero de Desarrollo Económico, el Gobierno quiere que el proceso para estudiar una posible banca pública en Nafarroa «sea totalmente tranquilo y participativo», al tiempo que aseguró que AFI es una entidad que «cumple sobradamente los requisitos para hacer el informe».

Recordó que ese estudio «iba a servir de base para un proceso participativo» y anunció que el Ejecutivo se tomará ahora unos días «para ver cómo reiniciar el proceso».

La decisión del Gobierno sobre AFI fue calificada de «satisfactoria» y «positiva» por Adolfo Araiz, quien señaló que esta empresa les genera «desconfianza» por su papel en el proceso de Caja Navarra. Además, dejó claro que «no ha habido ningún chantaje», en respuesta a las acusaciones que hizo Ana Beltrán (PP) contra EH Bildu y Podemos en ese sentido.

Carlos Couso (Podemos) también replicó subrayando que su partido «no chantajea a nadie» y se mostró de acuerdo con la decisión tomada por el Gobierno, al igual que Rafael Eraso (Geroa Bai), quien propuso «buscar otras alternativas».

En la misma línea se posicionó José Miguel Nuin (I-E), que apostó por «no hacer dramatismos» y «no sacar de quicio la cuestión», si bien reconoció el «mal inicio del proceso».

Por su parte, Guzmán Garmendia (PSN) consideró «inédito» y «absolutamente preocupante» lo ocurrido en torno a esta adjudicación.

 

El impacto de la marcha de empresas es muy reducido, según Ayerdi

El vicepresidente de Desarrollo Económico del Gobierno de Nafarroa, Manu Ayerdi, aseguró ayer que el impacto económico de los cambios de domicilio social de empresas que se van fuera del herrialde es «muy reducido».

Según dijo en una comparecencia parlamentaria solicitada por el PP, en la primera mitad del año sus consecuencias en términos de empleo y de actividad han sido «prácticamente nulas» y en recaudación es «menos importante de lo que a priori podría parecer».

En concreto, dijo que en el primer semestre de 2016 un total de 65 empresas han cambiado su domicilio a otra comunidad autonómica, mientras que 30 compañías han elegido su domicilio en Nafarroa, lo que arroja un saldo negativo de 35 empresas. Además, señaló que desde el año 2014 este saldo viene siendo negativo.

Ana Beltrán (PP) dijo que «las causas por lo que esto ocurre en Navarra son que ustedes han llegado al Gobierno. La deslocalización tiene su razón en la incertidumbre política».GARA