El sindicato CGT reiteró ayer su posición crítica hacia la ley NOTRe, de cuya aplicación se constituirá la Mancomunidad única en Ipar Euskal Herria a partir del 1 de enero.

«Se trata de una legislación que busca reducir el gasto público con el consiguiente riesgo de deterioro del servicio público que ello conlleva» indicó ayer, en Baiona, Denis Dartigoueyte.

Añadió que, «garantizar un servicio público de proximidad y de calidad» es, «junto a la defensa de las condiciones de los empleados públicos», «prioritario» para el sindicato. El sindicalista manifestó la «gran preocupación» existente entre los empleados y funcionarios de las instituciones locales que se verán afectadas por la Mancomunidad.

«A pocas semanas de la entrada en vigor de la Mancomunidad única todavía no sabemos cómo se gestionará el tema del personal –añadió–, qué cambios habrá en sus funciones, si los derechos adquiridos y el estatus se respetarán o de qué manera funcionarán en adelante las respectivas estructuras administrativas y de recursos humanos».

«Estatus nacional»

Recordó que la CGT reivindica que todas las cuestiones ligadas al estatus público sean gestionados de igual modo que en todo el estado para garantizar la neutralidad, «en especial en temas disciplinarios» y que si con la nueva institución hay cambios en las condiciones salariales y laborales, estos sean equiparados al nivel más favorable para los empleados.

Anunciaron, asimismo, que «ante la falta de información, ya que ni siquiera hemos sido consultados» pedirán una reunión a la Comité Dinamizador de la Mancomunidad única.