«La Sra. Presidenta del Parlamento de Cataluña, Carme Forcadell i Lluís, manifestando una voluntad inequívoca e irreversible de llevar adelante su proyecto político por la fuerza de los hechos consumados, con total desprecio de la Constitución (...) procedió a dar impulso al proceso constituyente, resolución de imposible encaje en el ámbito competencial del Parlament». La querella anunciada el pasado lunes y presentada ayer por la Fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) no da rodeos a la hora de acusar de desobediencia y prevaricación a Forcadell, a quien achaca, duramente, una conducta marcada por «la intrínseca arbitrariedad».

Entre las lindezas que la Fiscalía dedica a la también expresidenta de la ANC destacan la acusación de caer en un delito de «prevaricación asentada en el arbitrario ejercicio de unas potestades administrativas para las que el Parlament carece de competencia». La querella, cabe recordar, se debe a la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente, una votación que, para la Fiscalía «trata de desvincular a las instituciones de la Comunidad Autónoma de Catalunya del sistema constitucional, dinamitando el sistema de distribución de competencias establecido en el modelo de ordenación territorial del Estado». Algo que «no encarna una mera infracción del ordenamiento constitucional (...), sino que pretende su abierta y deliberada derogación».

Con esta querella, en la que se acusa a Forcadell de actuar «con cabal conciencia de que impulsaba un trámite constitucionalmente ilegítimo», la Fiscalía da el primer paso de un proceso que podría llevar a la presidenta del Parlament a juicio por los mismos delitos por los que serán juzgados Artur Mas y los demás responsables de la consulta del 9N. La diferencia sustancial es que Forcadell es un cargo público en activo, a diferencia de Artur Mas. Ayer mismo, desde ERC aseguraron que, en caso de ser inhabilitada, el Parlament «actuará en consecuencia» y ratificará a Forcadell en el cargo.

«¿Quién dinamita el Estado?»

La propia presidenta de la Cámara catalana aseguró ayer que solo dejará su puesto si así lo deciden los electores en unas nuevas elecciones. Forcadell aseguró que hizo lo que tocaba «en defensa de la soberanía del Parlament, de la libertad de expresión y del derecho de iniciativa de los diputados».

«¿Cómo puede ser que digan que dinamita el Estado sencillamente debatir en un Parlament? Lo que dinamita el Estado es la corrupción, es que se suspendan leyes contra desahucios o a favor de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, es que se coarte la libertad de expresión de los diputados del Parlament», añadió Forcadell, quien también dijo estar «tranquila» ante la querella. «Estos ataques no nos harán perder ni un segundo», concluyó.

La presidenta del Parlament recibió el apoyo de todo el soberanismo catalán, empezando por las principales entidades del país, la ANC, Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), que ayer mismo se reunieron con Forcadell en la Cámara catalana, donde se celebraba un pleno. La cita parlamentaria sirvió para que tanto JxSí como la CUP expresasen su apoyo a la querellada. En el terreno de la disputa política, sin embargo, ambos volvieron a mostrar sus diferencias. La diputada de la CUP Anna Gabriel instó al president, Carles Puigdemont, a convocar inmediatamente una cumbre de partidos a favor del referéndum, mientras que Puigdemont le recordó que, para que el plebiscito se celebre, deben aprobarse antes los presupuestos.

Primer paso para anular los juicios franquistas

Bajo la atenta mirada de cerca de ochenta víctimas del franquismo, y con la única oposición del PP, que ayer defendió, como acostumbra, que no conviene reabrir heridas supuestamente cerradas, el Parlament de Catalunya dio el primer paso hacia la aprobación de la proposición de ley de reparación jurídica de las víctimas del franquismo. Una iniciativa conjunta de Junts pel Sí, Catalunya Sí que es Pot (CSQP) y la CUP que contó con la adhesión de Ciutadans y PSC. La propuesta pasará ahora a las comisiones parlamentarias antes de volver al pleno para su aprobación.

La proposición apuesta por declarar nulos y sin ningún efecto jurídico todos los consejos de guerra sumarísimos instruidos por el régimen franquista en Catalunya y prevé que la Conselleria de Justícia pueda emitir certificados de nulidad. En total, 78.331 personas fueron procesadas durante el franquismo; 3.358 de ellas fueron ejecutadas, desde el que era president de la Generalitat, Lluís Companys, en 1940, hasta Salvador Puig-Antich, en 1974. Ayer en el Parlament estuvo también presente Diego Paredes, hermano de Txiki, que reivindicó que «la memoria que escribió Franco es falsa, nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia».

La diputada de JxSí Montserrat Palau reconoció que la proposición de ley puede topar con la legalidad española, pero añadió que «en democracia no podemos tolerar que un TC impugne o anule una ley como esta, ya que eso equivaldría a donar validez a los juicios sumarísimos».B.Z.