Agentes de los Mossos d’Esquadra entraron ayer a las 7.30 de la mañana en el domicilio de la alcaldesa de Berga (Barcelona), Montse Venturós, imputada por un supuesto delito electoral por no haber retirado la estelada del Ayuntamiento en las elecciones del 27 de setiembre (al Parlament) y del 20 de diciembre (al Congreso) del año pasado. La denuncia la puso la plataforma españolista Societat Civil Catalana y el juez, después ver cómo Venturós desobedeció en dos ocasiones las citaciones a declarar, decidió (con la recomendación del fiscal) ordenar a los Mossos su detención.

Tras poco más de veinte minutos de declaración, el juez dejó en libertad a Venturós, a la que advirtió de que puede acabar en la cárcel si sigue desobedeciendo. Por su parte, la alcaldesa, primer cargo público en ser detenido en el marco del proceso soberanista, tildó su detención de «absolutamente antidemocrática» y la calificó como «un ataque más del Estado español». Del mismo modo, Venturós también aseguró que el Ayuntamiento seguirá «obedeciendo el mandato popular», por lo que no retirará la estelada del consistorio.

Hasta Berga se acercaron, durante la mañana, representantes de todos los partidos independentistas, así como los presidentes de las principales entidades soberanistas, la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural. También estuvo el concejal de Vic Joan Coma, que después de hacer caso omiso a la cita para declarar ante la Audiencia Nacional española (por un supuesto delito de incitación a la sedición), podría ser el siguiente en seguir los pasos de Venturós. Más allá del independentismo, las muestras de apoyo a la alcaldesa de Berga llegaron también desde el unionismo democrático: Catalunya Sí que es Pot, En Comú y Podem Catalunya criticaron la detención, calificándola como un nuevo paso en la estrategia de judicialización de la política seguida por el Estado español. Por la tarde, centenares de personas se reunieron ante numerosos consistorios catalanes en solidaridad con Venturós.

El papel de los Mossos

Aunque el rechazo a la detención de la alcaldesa ordenada por el juez fue unánime entre los partidos independentistas, el papel desempeñado por la Policía catalana, que actuó como Policía judicial a requerimiento del juez, volvió a tensar las débiles relaciones entre Junts pel Sí y la CUP, que tienen en el capítulo de asuntos pendientes la aprobación de unos delicados presupuestos.

El diputado de la CUP Benet Salellas pidió al Govern que aclare si «está con la justicia española o la defensa de los cargos electos independentistas». También aseguró que lo ocurrido «afectará» a las relaciones con el Govern. Su portavoz, Neus Munté, defendió ayer que los Mossos «cumplen con sus funciones».